El PSM - Iniciativaverds - Entesa anunció ayer que aprovechará la presentación de sus enmiendas a la Ley de Función Pública para promover un cambio legal: que el conocimiento del catalán, además de ser un derecho, sea un deber.
El diputado Antoni Alorda dijo que aunque todas sus enmiendas a la ley que rebaja el conocimiento de la lengua catalana para acceder a determinados puestos de la Administración pública son de supresión, incluye una de adición: añadir un artículo a la Ley de Normalización Lingüística que recoja que todos los ciudadanos tienen «el derecho y el deber» de conocer las dos lenguas oficiales de Balears, el catalán y el castellano.
Mérito y requisito
Según Alorda, una vez que el Govern ha roto el consenso lingüístico y el espíritu y la letra de la Ley de Normalización, se sienten libres para promover esta reforma. Lo que hace el PSM es incorporar un redactado similar al que se recoge en el Estatut d'Autonomía y que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Alorda recordó que el castellano también es lengua oficial en el archipiélago y que todas las personas «tienen el derecho» a utilizar las dos, y «tienen el derecho y el deber de conocerlas».
«Los poderes públicos de las islas deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber», especifica la enmienda de los econacionalistas.
Para Alorda «es bueno llegar a un acuerdo sobre la política lingüística» de las islas, aunque advirtió que no se llegará a un consenso si la línea va en detrimento del catalán.
El Govern respondió ayer mismo a la iniciciativa del PSM. Lo hizo a través del portavoz del Ejecutivo y conseller d'Educació, Rafel Bosch.
«Saben que eso no es posible, que es una medida inconstitucional y que no van a tener nuestro apoyo», manifestó Bosch.
El Ejecutivo de las Islas ya anunció que no aceptaría las enmiendas a la ley que se oponen a que el catalán sea mérito y no requisito.