La Fiscalía Anticorrupción sostiene que exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) en el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) favorecieron con 1,5 millones de euros, durante las pasada legislatura, a numerosos proveedores que previamente se habían concertado con los exdirigentes de la empresa pública, quienes presuntamente les garantizaban la adjudicación de contratos mediante la aportación de falsos presupuestos de otras empresas a fin de aparentar la participación de éstas en los concursos.
Así lo ha puesto de manifiesto el Ministerio Público mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que presentó ante el Juzgado de Instrucción número 10 para solicitar la apertura de una nueva pieza separada en el marco del caso Voltor con el objetivo de esclarecer estos hechos y averiguar si se produjo un desvío de fondos públicos a empresas como Humana Cis, Sedoxx Consultores, JJ Roy Imatge SLU, Atipika y Living Publicidad.
En el marco del fleco número 14 de la causa, finalmente incoado por la magistrada Carmen Abrines, el fiscal Miguel Angel Subirán postula que tanto el exdirector gerente del Inestur Antoni Oliver como los también exaltos cargos Luisa Tortella y Antonio Rebassa, todos ellos afiliados en su día a UM, se pusieron «conjuntamente de acuerdo para beneficiarse con fondos públicos del organismo».
Para ello, según la acusación pública, se concertaron con los distintos proveedores con el objetivo de «eliminar la concurrencia» en los procedimientos de contratación en los que participaban empresas donde los imputados «desempeñaban cargos de responsabilidad consiguiendo a favor de éstas la adjudicación directa» de los contratos.
Así, las pesquisas apuntan a que los empresarios José María Beltrán y Rafael Bover percibieron, mediante el procedimiento de aportar presupuestos de otras mercantiles que concurrían en el procedimiento únicamente de dar «la falsa apariencia de que había libre concurrencia en el expediente», un total de 129.329 euros a través de su empresa Atipika, 122.665 a través de Living Publicidad y 39.795 mediante contratos a Akha.
Por su parte, el empresario José Florentino Roy, responsable de JJ Roy Imatge SLU, habría obtenido la adjudicación directa de tres contratos por 41.196 euros, como contraprestación a lo cual favoreció presuntamente a UM con la creación gratuita de la página web del partido por encargo, según la Fiscalía, del entonces alcalde del Ayuntamiento de Pollença Joan CerdÃñ, quien recientemente negó estas acusaciones ante la jueza instructora del caso Voltor.
Mientras tanto, otras de las mercantiles que habrían resultado favorecidas mediante este mismo sistema -la presentación de falsos presupuestos- fueron Enquadre (que habría percibido de este modo 378.940 euros), Innova (11.999 euros) y Humana Cis (750.000 euros con la concesión directa de diversos contratos).
Es por ello que el Ministerio Fiscal considera que los hechos pueden ser constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y negociaciones prohibidas. POr el momento han sido interrogado en el marco de esta pieza Oliver, Rebassa, el exalcalde de Pollença y Luisa Tortella, quienes se han negado haber incurrido en irregularidad alguna.