Damià Vidal espera ya que la Audiencia Provincial decida su futuro legal entre los 12 años de cárcel que le reclaman las acusaciones y los seis meses que admite a lo sumo su defensa.
El juicio quedó ayer visto para sentencia después de los informes de las partes, aplazados hace una semana. El fiscal Pedro Horrach relató las distinas operaciones por las que afirma que se saqueron 565.000 euros. «Vidal tenía una sensación de inmunidad total», aseguró.
El principal punto que debaten las acusaciones y la defensa es si los fondos de Bitel eran o no públicos. La Fiscalía y la acusación particular defienden que tanto el capital como la mayor parte de los trabajos de la empresa eran de origen público, por lo tanto aprecian la existencia de una malversación ejercida por un empleado de la administración. El abogado de la defensa, Eduardo Valdivia dedicó cerca de una hora de su informe en sostener lo contrario: «Fue nombrado por un consejo de administración en el que había consejeros de Telefónia y Sa Nostra, eso no es un funcionario. El objeto social de Bitel era, entre otras cosas la venta de mobiliario de oficina, como otras empresas privadas», sostuvo. Así limita la responsabilidad de Vidal a una apropación indebida. Además solicita dos atenuantes, por reparar el daño al haber avalado 700.000 euros y por enfermedad mental.