El PP ha presentado un total de 30 enmiendas al decreto ley de medidas urbanísticas, el ‘decreto Company', que modifican por completo del decreto inicial, hasta el punto de que una de las enmiendas incluso lo deroga. Entre las enmiendas de más calado destaca una que posibilita la construcción de alguna de las urbanizaciones prohibidas por el Pacte de Progrés.
El decreto dejaba la decisión en manos de los ayuntamientos, pero las enmiendas del PP las permiten siempre que, aunque no tengan alguno de los servicios básicos, estén desarrollados en al menos dos tercios. No se legalizan aquellas urbanizaciones hechas en suelo rústico protegido ni aquellas que hayan recibido indemnizaciones de la Administración debido a sentencias judiciales.
Zonas costeras
Se autoriza además la construcción en zonas costeras hasta ahora protegidas que se encuentren encorsetadas en núcleos urbanos y que tengan una superficie inferior a 15 hectáreas.
El proyecto de ley aclara cuestiones que había dejado abiertas el ‘decreto Company'. Legaliza parcelaciones en suelo rústico que existen en Mallorca y no se les exige servicios básicos de alcantarillado, siempre que se prevea la instalación de sistemas de depuración de aguas residuales.
Las enmiendas del PP aclaran la situación de terrenos, como Can Domenge, que habían pasado a ser urbanizables con el decreto y recuperan su clasificación como suelo urbano siempre que la urbanización se inicie en el plazo de tres o cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.
Las enmiendas del PP al proyecto de ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que así es como se llama el proyecto, no sólo afectan a materias urbanísticas ya que modifican 5 leyes aprobadas por el Pacte: la de actividad comercial, la de patrimonio, la de medidas urgentes para reducir el déficit público, la de régimen jurídico de la Administración y la de medidas urgentes para el impulso de la inversión.