La Fundación Círculo Balear (FNCB) «considera» que los Servicios Jurídicos del Govern no han analizado «el fondo de la cuestión» en la campaña contra la política lingüística del Ejecutivo balear, 'Enllaçats pel català', y ha remitido la denuncia que ya dirigió al conseller de Educación, Rafael Bosch, a la Abogacía de la CAIB.
Así, ha explicado que la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha analizado cuestiones como «la autonomía de los centros o las competencias de la Conselleria de Educación» y ha indicado que «ni tan siquiera la autonomía de los centros ampara legalmente una campaña con trasfondo político» como la que, según han explicado, «impulsa el sindicato nacionalista STEI en los centros educativos».
Por este motivo, la FNCB ha explicado que ha registrado la misma denuncia que presentó el pasado 24 de febrero, ante la Conselleria de Educación a los centros educativos que están desarrollando esta campaña consistente en repartir lazos cuatribarrados o colocar la bandera de la Comunidad Autónoma de Cataluña en los centros educativos, por la «ilegalidad que supone una campaña realizada por docentes, en ejercicio de sus funciones, que tienen consideración de Administración pública, obligados a respetar en sus actuaciones la neutralidad política e ideológica».
Además, ha hecho hincapié en otra «ilegalidad manifiesta» como es la de «involucrar a los alumnos, menores de edad, a participar, en horario lectivo, en actos de protesta en los que se defiende una determinada posición ideológica o política».
Por ello, para «demostrar» el contenido «político» de la campaña, la FNCB ha aportado documentación escrita y gráfica, en la que consta el texto de los manifiestos que apoyan la campaña como son: «La profunda convicción de saberse miembros de una nación, de una lengua y de una cultura, que no puede quitar ningún poder, ni tampoco ningún poder nos puede imponer la pertenencia a un pueblo por ley o por la fuerza».
Según los organizadores, la campaña está motivada por la «persecución programada y consentida de la lengua catalana en las instituciones, en los medios de comunicación y en la sociedad en general» y tiene como objetivos «hacer visible el malestar de los centros educativos ante la política lingüística del Govern», así como «fortalecer la conciencia lingüística de los catalanoparlantes que asumen un compromiso con la lengua e incentivar a su vez la del resto de la ciudadanía».
Además, han explicado que otro de los objetivos es «conseguir» que la imagen del lazo se identifique con una «causa justa», tras la que hay «una verdad incontestable».
Así, han «instado» a «todos los Institutos de Baleares» a adherirse a dicha campaña, por lo que según han explicado, «no plantearía ninguna ilegalidad si la adhesión fuera a título individual y fuera del ejercicio de su cargo», asegurando que, «como trabajadores o ciudadanos», los funcionarios públicos «pueden expresar su apoyo a las posiciones políticas e ideológicas que estimen oportuno, pero nunca desde su puesto de trabajo».
Según han explicado, en dicha denuncia, que ya dirigió al conseller Rafael Bosch, constan los fundamentos jurídicos que esta campaña vulnera y que van desde «la Constitución Española y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público», hasta «la Carta de los derechos fundamentales de la UE o la Declaración Universal de derechos lingüísticos».