El Govern balear completará en los próximos meses el despido de 800 empleados laborales de la Administración autonómica y, de hecho, desde junio ya han dejado sus puestos 400 trabajadores eventuales, según ha concretado hoy el director de la Oficina de Control Presupuestario, Joaquín García.
El responsable de este departamento que depende directamente del presidente balear, José Ramón Bauzá, ha dado cuenta hoy en comisión parlamentaria de la aplicación del plan de reestructuración del sector público instrumental.
García ha reafirmado la intención del Ejecutivo de que esta reestructuración esté completamente cerrada a finales de año, lo que supondrá la reducción de las empresas públicas de un total de 174 a 75 y una disminución del gasto de 178 millones de euros.
Uno de los datos relevantes que ha ofrecido es que el 50 % de las personas que trabajan en las empresas públicas han sido contratadas de manera irregular, es decir, no han pasado las pruebas de capacitación correspondientes.
García ha reconocido que las actuaciones que está desarrollando el Ejecutivo para «racionalizar» el tamaño y el gasto de la Administración pública son «duras pero necesarias», y ha recordado que las empresas públicas se endeudaron con sus proveedores durante la pasada legislatura en 300 millones sin disponer de dinero para pagarles, algo impensable en la economía doméstica, ha subrayado.
García ha inaugurado hoy la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de varios altos cargos del Govern para defender su idoneidad y sus proyectos, fruto de la aprobación de la Ley del Buen Gobierno.
Por parte del PSIB, la diputada Lourdes Aguiló ha aseverado que García tiene «experiencia cero» en la Administración pública, ha puesto en duda su capacitación profesional y ha lamentado que circulen por las empresas públicas «listas oficiosas» de las personas que serán despedidas, lo que está causando un evidente malestar entre cientos de personas.
También le ha preguntado a García si considera si es coherente con la política de austeridad del gasto que al personal del Gabinete de Presidencia se le subiera el sueldo un 25 % al inicio de la legislatura mientras que se congela el de los funcionarios y se despide a personal eventual.
El diputado del PSM-IV-ExM Nel Marí ha echado en cara al Govern que no esté cumpliendo con la promesa formulada por el presidente balear, José Ramón Bauzá, de pagar a los proveedores en un máximo de 25 días y que tampoco haya concretado García en cuánto tiempo está abonando el Govern sus deudas.
Marí ha criticado al diputado del PP Francisco Mercadal que haya empleado su intervención para hacer «oposición a la oposición» al poner en evidencia el diputado popular la política del Ejecutivo de la pasada legislatura presidido por Francesc Antich (PSIB), en vez de asumir la responsabilidad de las medidas aprobadas por el Govern del PP y sus consecuencias.
Mercadal, tras destacar la idoneidad y el extenso currículum de García para desempeñar su cargo, ha destacado que el Govern actúa y no hace como el anterior Ejecutivo balear, cuyo conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, anunció en prensa que debido a la crítica situación de las finanzas públicas habría que despedir cada año a 700 empleados públicos, pero nunca hizo nada.
Tras García, ha dado cuenta de su trabajo en esta comisión la directora gerente del Institut Balear de la Dona, Manuela Meseguer, que ha defendido su capacitación para desempeñar este cargo. El presidente Bauzá, ha añadido, sabe que es responsable en su trabajo y que está «conectada 24 horas al día» a esta responsabilidad pública y a los problemas de las mujeres.
La exconsellera de Asuntos Sociales Fina Santiado, del grupo del PSM-IV-ExM, ha denunciado que Meseguer «no va físicamente» a trabajar cada día a la sede de este instituto a pesar de que tiene dedicación exclusiva, una acusación que realizan los propios trabajadores y las asociaciones, lo que muestra una actitud «inadmisible», ha calificado la diputada nacionalista.