Cada ciudadano de Balears pagó el año pasado al Gobierno central una media de 2.067 euros en impuestos, según los datos definitivos de recaudación facilitados por la Agencia Tributaria. A pesar de las crisis, Hacienda recaudó el año pasado en las Islas un 4 por ciento más que en 2010. Donde más aumentó la recaudación fue en los impuestos especiales. A esta media hay que sumar las tasas que gravan el alcohol, el tabaco y la gasolina, capítulo que aumentó un 24 por ciento. La recaudación total sumó 2.213 millones de euros.
La gasolina es, precisamente, uno de los productos que los ciudadanos de las Islas pagaremos aún más cara este año tras el anuncio del Govern de que, a partir del mes de abril, cobrará el llamado céntimo sanitario. Porque los 2.067 euros de impuestos que cada ciudadano de las Islas pagó a Madrid no son los únicos que pagamos el año pasado; a ellos hay que sumar los impuestos que se pagaron a la Comunitat Autònoma y las tasas e impuestos municipales, como el impuesto de circulación o el de bienes inmuebles (IBI).
El doble
Los 2.067 euros de media que cada ciudadano de Balears pagó en 2011 a las arcas del Estado son más del doble de lo que pagó un ciudadano extremeño (842,82 euros) o un habitante de las Islas Canarias (885,38 euros).
También superan ampliamente los 1.135 euros de media que pagó un residente en Murcia o los 1.183 euros de media que pagaron el año pasado los ciudadanos de Andalucía.
En cualquier caso, los ciudadanos de las Islas pagaron mucho menos que los residentes en otras comunidades autónomas, como Madrid o Catalunya. Los madrileños pagaron 11.713 euros de media al Estado, mientras que los catalanes pagaron una media de 4.253 euros.
El importante volumen de impuestos que pagaron los residentes madrileños tiene una justificación ya que, entre los tributos que recauda el Gobierno se encuentra el IVA y el impuesto de sociedades y es en Madrid donde tributan las grandes compañías.
En los datos comparativos no figuran País Vasco y Navarra, dado que éstas recaudan sus propios impuestos y luego pagan una parte al Estado por los servicios comunes que presta.