El Gobierno central ingresará a Cort 11,4 millones de euros por la liquidación de 2010, es decir, por la diferencia entre la participación de los tributos del Estado ingresada y la real. En concreto, se trata de 3,4 millones de euros por la cesión de impuestos, 6,8 millones de euros por los de no cesión y 1,2 millones de euros por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El teniente de alcalde d'Economia i Hisenda, Julio Martínez, destaca que son 3,5 millones de euros más de lo previsto en los presupuestos de 2012, que serán aprobados definitivamente en el próximo pleno. En su opinión, el hecho de haber sido prudente a la hora de elaborar los presupuestos de este año le ha permitido tener un dinero extra para cuadrar los presupuestos en el caso de que otros ingresos sean inferiores a lo reflejado en las cuentas.
Martínez explica que la subida del IVA aprobada por el Gobierno de Zapatero es una de las principales responsables de que la liquidación haya resultado positiva, ya que se han ingresado 3,3 millones de euro más de los previstos inicialmente. Por el alcohol se han recaudado 7.593 euros más y por la cerveza 7.277.
Menos por IRPF
Por el contrario, la recaudación procedente de los hidrocarburos ha resultado de 76.574 euros previstos; con el Impuesto de Retención a las Personas Físicas (IRPF) se han ingresado 92.241 euros menos.
El titular d'Economia i Hisenda espera que el Gobierno central ingrese el 50% de los 11,4 millones de euros a corto plazo y el resto antes del verano. Como se recordará, la participación de Ciutat en los tributos del Estado fue negativa en 2008 y 2009.
Por otra parte, Cort también recibió ayer las directrices que debe seguir el plan de saneamiento necesario para disponer del dinero para pagar a los proveedores. Martínez subraya que Palma ya ha puesto en marcha muchas de las exigencias como la disminución de altos cargos (se ha reducido un 50%), el plan de inspección tributaria (se prevén recaudar 12,5 millones de euros), la reestructuración de las empresas públicas (de 5 a 4), entre otras. No obstante, falta por decidir la política de ingresos con la que se hará frente al pago de los 109 millones de euros.