Cerca de 1.000 personas acudieron ayer a la manifestación convocada por el Consell de la Societat Civil de Mallorca, plataforma creada hace cuatro meses y que aglutina a una cincuentena de entidades, para protestar por los recortes en los servicios públicos y reclamar diálogo social que impulse una salida «justa» a la crisis económica.
La manifestación comenzó media hora más tarde de lo previsto y a las 12.30 horas salió de la Plaça d'Espanya hacia Cort.
El portavoz de la plataforma convocante, Jaume Mateu, alegó que es necesaria una salida dialogada: «Las medidas impuestas y que se han adoptado hasta ahora están encaminadas a desmantelar la sociedad civil», dijo.
La marcha contó con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, con sus máximos representantes; el secretario general de UGT-Baleares, Lorenzo Bravo, y la secretaria de CCOO en las Islas, Katiana Vicens.
Rosell
Ambos líderes hicieron una seria llamada a la participación en la huelga del 29-M.
Bravo respondió así a las declaraciones realizadas por el presidente de la CEOE, Juan Rosell, al diario ABC en las que pide que el Gobierno regule el derecho de huelga tras la convocatoria del día 29.
Ante la amenaza de que las fuerzas sindicales vean más recortada su capacidad de maniobra en el ámbito laboral español, Bravo destacó que la necesidad de «dar una respuesta clara» para defender aquello que pertenece a los trabajadores, afiliados o no, a UGT.
En este sentido, Katiana Vicens, reconoció ayer que el ambiente está «muy caliente» y dejó entrever las buenas expectativas que mantiene CCOO: «Los trabajadores son cada día más conscientes de los derechos que pierden con la reforma laboral impulsada por el Gobierno», dijo
En una media hora, la cabeza de la manifestación entró en la plaza de Cort donde el articulista y colaborador de este periódico Ferran Aguiló leyó el manifiesto.
El documento criticó los 300 millones de euros en recortes anunciados por el conseller de Economia, Josep Ignaci Aguiló: «Mermará la calidad de los servicios a los ciudadanos».
En materia de cultura, el manifesto destacó que «el Ejecutivo de Bauzà está llevando a cabo una persecución sin precedentes en contra de la lengua catalana (...) El Govern busca una sociedad dual, en la que el catalán debe convivir con el castellano desprotegido y en inferioridad de condiciones».
También hubo críticas hacia el modelo «depredador» en materia de urbanismo y turismo, y calificaron de «expolio fiscal» la relación del Gobierno central con Balears.
Para concluir, los manifestantes exigieron un diálogo social «real» que permita una salida «justa» a la crisis y dinamice un modelo de «diversidad productiva» en las Islas.