El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Juan Catany, que investiga lo ocurrido en las torres y centros de control de Palma durante el colapso aéreo del Puente de la Constitución en 2010, ha dictado un auto en el cual admite como pruebas las grabaciones de las conversaciones de los controladores aéreos, así como los certificados de sus retenciones e ingresos correspondientes a dos años.
Ambas pruebas había siso solicitadas por Llorenç Salvá, abogado de la acusación particular ejercida por la Federación Hotelera de Mallorca, y recurridas por el letrado de los controladores, Diego Salmerón, que las consideraba impertinentes.
Abandono masivo
El juez investiga el abandono masivo de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo en Palma desde el pasado año, y ha imputado a casi un centenar de profesionales que dirigen el tráfico aéreo.
La defensa de los controladores se había opuesto a hacer público el contenido de sus conversaciones en todos los turnos desde el 3 al 5 de diciembre de 2010, pero el juez rechazó ese recurso con el argumento de que los registros de grabación automática y su íntegra transcripción «podrían arrojar alguna nueva información sobre lo que realmente ocurrió».
Y añade: «Las conversaciones son objeto de una investigación penal amparada en el secreto sumarial y los medios empleados no fueron instalados para cuestiones privadas, sino para regular el tráfico aéreo, lo que en principio parece excluir toda posible intromisión en la esfera de la privacidad».
Retribuciones
Con respecto a las retribuciones de los controladores aéreos, el magistrado señala en el auto que ellos han negado fuesen ciertas las cantidades ofrecidas por los medios de comunicación (sueldos millonarios), «aunque (los controladores) si han asumido que existía una problemática respecto a la acumulación anual de horas extras». Por ello, señala que «tal elemento probatorio si bien ahora no tiene ningún interés relevante, sí posiblemente lo tenga en un futuro, y de todas formas ayudará a conocer la veracidad de los que dicen los imputados».
La huelga encubierta de los controladores paralizó el tráfico aéreo en los tres aeropuertos de Balears, con cientos de miles de pasajeros afectados.