La consellera de Salut, Familia i Benestar Social, Carmen Castro, protagonizó ayer un golpe de efecto político al prescindir del polémico director general de IB-Salut, Juan José Bestard, cuestionado por todo el colectivo sanitario, y enmarcar su cese en una amplia reestructuración de este departamento.
La ‘caída' de Bestard fue recibida bien tanto por parte de la oposición, como los sindicatos y los médicos.
Castro se situará ahora al frente de una nueva dirección colegiada del IB-Salut que dará pie a una tanda de relevos.
A partir de ahora, el IB-Salut será gestionado directamente por los órganos directivos de la Conselleria, lo que «permitirá un mayor control y más directo sobre este órgano», dijo Castro.
La consellera será la presidenta del ente y de su consejo de dirección, que tendrá dos vicepresidentes: el director general de Salud Pública, Federico Sbert, y el director general de Gestión Económica y Financiera, Martí Sansaloni.
La titular de Salud intentó no ‘hacer leña del árbol caído' y agradeció el trabajo realizado por Bestard. Afirmó que su marcha no tenía nada que ver con su cuestionada gestión, sino que había que enmarcarlo en la necesidad de disponer de una «estructura más resolutiva a la hora de tomar decisiones» en la actual situación de crisis económica.
La ventajas del nuevo modelo, señaló Castro, es que habrá un mayor control sobre el IB-Salut, que gestiona el 98% de la Conselleria y más del 30% del presupuesto de la Comunitat Autònoma. El presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, valoró el papel que puede desempeñar Sbert en la nueva estructura y afirmó que espera que haya mayor sintonía.
Las reacciones
Para el diputado del PSIB y exconseller de Salut, Vicenç Thomàs, la marcha de Bestard es «la consecuencia de la irresponsabilidad en la gestión de la sanidad» pública en Balears.
Thomàs dijo que esta opinión es generalizada en el sector sanitario y señaló que la reestructuración tiene muchas lagunas «y probablemente es una situación transitoria».
El exconseller entiende que habrá más cambios en la cúpula de la Conselleria.
No fue el único acuerdo en materia sanitaria que se tomó en la reunión del Govern. Además, derogó el decreto de garantía de demora, que establecía un máximo tiempo de espera de 180 días para todas las operaciones quirúrgicas no urgentes y 60 días en la primera consulta externa y en los procedimientos para la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas.
No obstante, según la consellera Castro, se mantiene la norma estatal que garantiza un máximo de acceso de 180 días para determinadas intervenciones quirúrgicas.