El diputado socialista Jaume Carbonero advirtió ayer que su partido impugnará las decisiones urbanísticas que se tomen al amparo del decreto ley de medidas urbanísticas que hoy tiene previsto convalidar el Parlament balear. Carbonero aseguró que algunas de las medidas que incorpora este decreto contravienen leyes estatales que las hacen impugnables.
Una de ellas es la relativa a la clasificación del suelo, que se modifica con el decreto, y que provocará que el solar de Can Domenge pase de urbano a urbanizable «con lo que pierde un tercio de su valor», según el diputado socialista.
Desregulación
Jaume Carbonero y Francina Armengol ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que mostraron su rechazo a un decreto que provocará una «desregulación salvaje» de la ordenación urbanística en las islas. Los socialistas afirman que se deja en manos de los ayuntamientos la aprobación de polémicas urbanizaciones y se les permite legalizar parcelaciones ilegales aunque no dispongan ni siquiera de alcantarillado. «Una cosa es un núcleo tradicional y otra muy diferente una parcelación ilegal», señaló Carbonero.
Los socialistas denunciaron que la nueva regulación deja casi sin efecto el Plan Territorial ya que los ayuntamientos no tendrán la obligación de adaptar sus normas a este planeamiento a la hora de aprobar modificaciones concretas. En cualquier caso, la crítica fundamental del PSIB vino del hecho de que el PP se haya negado a consensuar este decreto. «Bauzá habló de un pacto por el territorio cuando nos reunió en el Consolat de la Mar, pero se ha negado a consensuar un decreto que es esencial», aseguró Armengol.
El PSM, también
Esta crítica a la falta de consenso fue también planteada por el portavoz del PSM-IV-ExM en el Parlament. Biel Barceló. aseguró que el decreto da «vía libre para hacer lo que les dé la gana» y señaló que es un ejemplo claro de inseguridad jurídica ya que es arbitrario y discrecional.
Los populares no lo ven de igual manera. La portavoz del PP en el Parlament, Mabel Cabrer, señaló que el decreto dará seguridad jurídica. «No estamos haciendo urbanismo a la carta, como han denunciado», afirmó Cabrer. El PP anunció que, en cualquier caso, el decreto se tramitará como una ley.