El PSM-IV-ExM ha criticado este domingo que el Govern vaya a «premiar» a las urbanizaciones «clandestinas» eximiéndolas de unas cargas que sí han pagado el resto de ciudadanos, y, por ello, ha considerado que a éstas no se les puede dar un mejor trato que a las edificaciones que han cumplido con las leyes.
En un comunicado, la coalición ha destacado que el Govern «no puede vulnerar normativa ambiental europea y la ley del suelo básica». Así, han apuntado que la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, exige que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectores para aguas residuales urbanas y que sólo permite contadas excepciones muy motivadas y en ningún caso en zonas sensibles ni en poblaciones equivalentes o superiores a los 15.000 habitantes, y siempre que la alternativa garantice «un nivel igual de protección medioambiental».
Estas precisiones, según el PSM-IV-ExM, son «olvidadas deliberadamente» por el Decreto Ley que fue aprobado por el Consell de Govern del pasado viernes. Además, han recordado que ya es el segundo decreto ley que dicta el Govern para «mirar de eludir la normativa europea sobre aguas residuales».
El PSM-IV-ExM también ha acusado al conseller de Medio Ambiente, Biel Company, de haber mentido durante la presentación de esta normativa por haber afirmado que no legaliza la proliferación de urbanizaciones clandestinas sino que lo deja en manos de los ayuntamientos.
«En realidad, la Disposición transitoria primera dice que las que estén edificadas en dos terceras partes constituyen también suelo urbano y el ayuntamiento debe incorporar los ámbitos al planeamiento urbanístico», ha apuntado la coalición. Esto, según ha explicado, va contra la definición de suelo urbanizado que hace la ley básica estatal cuando lo condiciona a la conexión efectiva en la red de dotaciones y servicios de los núcleos de población y sólo permite un trato peculiar a los núcleos «tradicionales» «legalmente asentados» en el medio rural. «Dos precisiones decisivas que ignora el Decreto Ley».
Por otra parte, el grupo ha criticado que a todas las urbanizaciones «clandestinas» se les exima de la aplicación cumplida del régimen urbano, y por motivos «peregrinos» como son «su escasa entidad o dimensión o su carácter extensivo, por razones de índole territorial o paisajística».
«El Decreto Ley es tan vago que, bajo la paradójica invocación de la seguridad jurídica, introduce una enorme arbitrariedad política en el tratamiento de estos lugares». Finalmente, el PSM-IV-ExM ha asegurado que no se niegan a tratar la problemática de las urbanizaciones ilegales, pero que no se debe partir de la premisa de hacerlo a mejores condiciones que las que han cumplido todas las leyes.