El diputado del PSIB Jaume Carbonero señala que el decreto para la urbanización sostenible que ha aprobado este viernes el Govern supondrá «una barra libre de crecimiento territorial», exonera a los municipios de adaptar su plan municipal a las normas de rango superior y, por tanto, permite a los ayuntamientos «hacer lo que quieran».
Carbonero ha señalado que con su aprobación queda «sin proteger el patrimonio en los municipios que no estén ya protegidos». Además ha destacado que la voluntad «clara» del «decretazo» es «desregular» y «eliminar trabas y reglas» para que la «iniciativa privada» y «los intereses particulares tiren hacia adelante».
El socialista ha señalado que así éstos quedan «encima» del interés general que es lo que «siempre ha defendido la planificación urbanística». «En consecuencia -ha continuado- esto provocará más inseguridad jurídica» por la tramitación a través de «un decretazo», cosa que el PP «está haciendo por costumbre», según ha señalado.
En concreto, ha destacado que la derogación de la ley 4/2008 implica que los espacios que «ahora están protegidos dejen de serlo, y tengan la condición de urbanizable», lo que significaría «una agresión» a lugares como Cala Blanca o Ses Fontanelles.
«Se crea inseguridad jurídica»
Asimismo, ha señalado que con el decreto se legalizan «infracciones urbanísticas» en suelo rústico y se crea «inseguridad jurídica» porque supondrá que los ayuntamientos puedan urbanizar «a la carta».
En la primera valoración del decreto ley, el grupo parlamentario ha tildado que la «única información» que han tenido respecto a éste ha sido la información de la prensa y la de la rueda de prensa del conseller Biel Company que ha calificado de «caótica» porque antes no se les «había consultado».
Así, ha afirmado que la práctica del Govern de legislar con el mecanismo de decreto ley que les parece «tremendamente desafortunada» porque es una fórmula prevista para «casos urgentes» y no para «derogar leyes o planes sin el concurso de la población» ni el de «las fuerzas políticas de la oposición».
El diputado ha pedido que en su paso por el Parlament, el decreto ley se convierta en Ley para que «se pueda discutir a fondo». Además, ha añadido que éste provoca una «desregulación importante de lo que hasta hoy configuraba el marco urbanístico de las islas».