El abogado del expresidente balear Jaume Matas, Antonio Alberca, ha pedido al juez del caso Palma Arena, José Castro, que decrete la nulidad de las declaraciones como testigos de 68 trabajadores de empresas vinculadas a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, tomadas esta semana en Barcelona en sede policial.
Alberca ha explicado hoy a Efe que estas declaraciones a las que asistió el fiscal anticorrupción Pedro Horrach suponen una «instrucción paralela» y se hicieron sin respetar el derecho a la defensa.
El letrado ha justificado este último aspecto en que los interrogatorios se llevaron a cabo sin la presencia de los abogados personados en la causa, por lo que no pudieron hacer a los testigos preguntas relacionadas con el caso.
Alberca ha explicado que se ha adherido de esta manera a la misma petición de nulidad formulada por el abogado de Diego Torres -exsocio de Urdangarin-, Manuel González Peeters.
De hecho, según el letrado, Peeters pidió esta semana que se suspendieran las declaraciones de hoy en Palma de imputados en el caso Nóos a tenor de esta supuesta irregularidad a la hora de interrogar a los testigos en Barcelona, a lo que el juez Castro se opuso.
El fiscal Pedro Horrach se desplazó a Barcelona esta semana para tomar declaración durante tres días, desde el lunes hasta el miércoles, a cerca de setenta empleados de las sociedades vinculadas a los negocios del duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
El fiscal inició el lunes por la mañana los interrogatorios a los empleados en el edificio de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, para conocer su versión sobre cuál era su trabajo y cómo funcionaban las entidades vinculadas a los negocios de Urdangarin y Torres.
En esta ronda de interrogatorios a testigos estaban citados empleados que las sociedades que Urdangarin y Torres gestionaban desde Barcelona, aunque en la capital catalana sólo comparecieron 68, ya que el resto lo hará en otros puntos de España.
En esta pieza separada del conglomerado Palma Arena se investiga al duque y a una veintena de personas más por el supuesto uso irregular de fondos por parte del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidió el duque de Palma y percibió 5,8 millones de organismos públicos.