El Banco de Valencia ha solicitado de nuevo al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma que señale fecha para la celebración de la subasta pública de las tres fincas con las que el expresidente del Govern, Jaume Matas, garantizó un el préstamo que la entidad bancaria le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le fue impuesta en el marco del caso Palma Arena, posteriormente rebajada a 2,5 millones de euros.
Se da la circunstancia de que la petición se produce una semana después de que el Juzgado suspendiese la puja a petición de la propia entidad financiera, que en la actualidad se encuentra intervenida por el Banco de España. De esta forma, el Banco de Valencia ha presentado un nuevo escrito para solicitar la celebración de la subasta, si bien la magistrada Isabel del Valle aún no se ha pronunciado al respecto, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Y es que el principal imputado de esta causa no ha abonado los más de cuatro millones que adeuda a la entidad bancaria a raíz del préstamo, de forma que el Juzgado deberá sacar a subasta no sólo la principal vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma, conocida como 'palacete', sino también un inmueble que el expresidente del PP balear tiene en La Rambla además de un local ubicado en la calle Sant Miquel.
Fue en mayo del pasado año cuando el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió el año pasado para que el encausado hiciera efectiva la fianza -cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión preventiva-, a los que se suman más de un millón de euros por los intereses del crédito y los gastos procesales generados desde entonces.
Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.
En marzo de 2010, tras tomarle declaración durante dos días, el juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.
Los investigadores apuntan de esta forma a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007). Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su declaración manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el 'palacete' y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.
Sobre Matas pesa además una petición de ocho años y medio de prisión en el marco de la primera pieza del caso que ha ido a juicio -la número 2-, relacionada con la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany como redactor de los discursos del expresidente, así como con las subvenciones públicas que de forma fraudulenta habría recibido del Ejecutivo balear.