La defensa de Melchor Mascaró, una de las empresas que integraban la UTE concesionaria de los servicios de recogida selectiva del Consell cuya sobrefacturación se investiga en el caso Cloaca, ha presentado un escrito en el que recrimina la vulneración del principio de igualdad de armas después de que el juez instructor no se haya pronunciado sobre varias de las peticiones efectuadas por la mercantil mientras que, por el contrario, sí ha acordado una bateria de diligencias solicitadas por la Fiscalía.
El escrito, presentado por el abogado Jaime Campaner y al que ha tenido acceso Europa Press, asevera que el anterior principio constituye una «garantía esencial del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías» -recogido en el artículo 24.2 de la Constitución-, puesto que «exige que la postulación de acusación y defensa se efectúe en condiciones de igualdad procesal».
De esta forma, el letrado solicita que el juez acuerde la práctica de las diligencias que pidió, entre ellas que sea citado el catedrático Avel·lí Blasco a fin de que aclare y ratifique el informe jurídico que elaboró en el marco de esta causa, y que consideraba «claramente irregular» el cambio de facturación impuesto por el Consell en el sistema de recogida selectiva de residuos. Una modificación que se plasmaba en la puesta en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios, lo que provocó un perjuicio para las concesionarias de este servicio -Resenetma y FCC Lumsa-.
Asimismo, la defensa considera «imprescindible» que, por su parte, el perito designado por el Consell, Félix Torres, también sea citado después de que reconociese que se había equivocado en el dictamen que elaboró y en el que elevaba a más de cinco millones de euros la cantidad presuntamente desviada a través de las UTE, lo que está siendo indagado en el marco del caso Cloaca.
Cabe recordar que el último informe aportado a la causa, en este caso por UTE Resenetma, cifraba en un total de 203.711 euros la cantidad que supuestamente fue sobrefacturada por los servicios de recogida selectiva que la concesionaria prestó entre 2006 y 2010, lo que contrasta con los más de cinco millones de euros de desvío cuantificados en la pericial encargada por la Institución Insular.
El dictamen pericial, elaborado por el economista Antonio Suau, indicaba que el valor de los servicios que prestó Resenetma asciende a 3,2 millones de euros, si bien la diferencia entre esta cantidad y el importe facturado a la Institución Insular se sitúa en los 203.711 euros. Unas conclusiones que difieren del informe de Félix Torres, que elevaba a más de cinco millones la cantidad global presuntamente desviada a través de las dos mercantiles y cuyo autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado.
LAS CONCESIONARIAS, PERJUDICADAS POR EL CAMBIO DE FACTURACION
En cualquier caso, FCC-Lumsa y Resenetma defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.
En este contexto, aseveran que este «incumplimiento» les provocó en total un «quebranto» económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido «perjuicio alguno». Las defensas de ambas UTE así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron después de que la Fiscalía calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien un posterior informe pericial las estimaba en más de cinco millones.
Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados la ex consellera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló, y otros numerosos encausados.