Un exjefe de sala de la torre de control del aeropuerto de Palma declaró ayer en calidad de imputado ante el juez que investiga la paralización de los aeropuertos de Balears tras el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos en el Puente de la Constitución de 2010, que ha sufrido represalias por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
El imputado explicó que fue relegado a un puesto inferior dos meses después del caos aéreo tras negarse a redactar una nota diciendo que los controladores no estaban en condiciones de trabajar, tal y cómo se lo había pedido el director regional de AENA.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Juan Catany, reanudó ayer las declaraciones previstas en la causa interrogando al exjefe de sala y a un controlador aéreo.
Los profesionales que dirigen el tráfico de aviones en los aeropuertos de Mallorca, Menorca y Eivissa siguen manteniendo ante el juez que su intención no fue la de realizar un boicot o chantaje al Gobierno al parar los vuelos en los tres aeropuertos de las Islas. Coinciden en atribuir las bajas masivas a una incapacidad «psicofísica».
Imputados inicialmente por el delito de sedición, los controladores aéreos rachazan de manera rotunda que ese fin de semana de diciembre de 2010 secundaran una huelga encubierta. Insisten que no trabajaron debido a la «tensión y nerviosismo».