El Consell de Govern ha decidido hoy poner en marcha el desarrollo de un Pacto Local en las Islas Baleares con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de más presencia en el debate de algunas de las problemáticas que les afectan y dotarles de mayor peso específico en la toma de determinadas decisiones.
En concreto, la Conselleria de Administraciones Públicas elaborará un protocolo general de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) que definirá la metodología y el marco general que regirá la colaboración entre ambos, y que servirá para impulsar el futuro Pacto Local.
El portavoz del Govern balear, Rafael Bosch, ha dado cuenta en rueda de prensa de este acuerdo con ocasión de la reunión que ha celebrado hoy el Consell de Govern en el Ayuntamiento de Felanitx, donde un grupo de jóvenes se ha manifestado en contra de la política lingüística del Ejecutivo.
Según ha explicado Bosch, esta cooperación tendrá cinco líneas de actuación, la primera de las cuales será impulsar la llamada «tercera descentralización» para que los municipios puedan asumir nuevas competencias, vía transferencia o delegación, y dispongan para ello de la financiación suficiente.
La segunda línea se centrará en buscar nuevos espacios de participación de los ayuntamientos en los procesos de elaboración de las políticas del Govern.
La tercera está dirigida a debatir los mecanismos de financiación de las entidades locales y, en concreto, a hacer propuestas sobre su participación en los tributos de la Comunidad Autónoma.
La cuarta línea servirá para elaborar conjuntamente con los Consells Insulars y el Ejecutivo una propuesta de una nueva normativa de régimen local. Finalmente, el Pacto Local tendrá como objetivo desarrollar la administración electrónica.
Bosch ha señalado que para desarrollar todos los ejes del Pacto Local se creará un órgano mixto con representación del Govern y la FELIP.
Además, en su reunión de hoy, el Ejecutivo ha acordado que la secretaría general del Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) asuma las funciones de la extinta Oficina del Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de las Islas Baleares.
Las actividades desarrolladas en los últimos años por esta oficina dejaba patente que en muchas ocasiones los mismos servicios de atención de los diferentes centros asistenciales del sistema sanitario público resolvían las reclamaciones y quejas en materia de funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que sólo una ínfima parte del total de las reclamaciones y las quejas tramitadas llegaban a este organismo.
Por otra parte, el Govern ha acordado autorizar la aprobación del expediente de gasto para la contratación del servicio de limpieza de los centros de Atención Primaria de Mallorca por un importe de 2,3 millones de euros anuales.
El Ejecutivo, ha recordado Bosch, debe garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario público aplicando sus recursos y los medios organizativos, emprendiendo acciones encaminadas a satisfacer el derecho de protección de la salud y distribuyendo óptimamente los recursos de que dispone para financiar las prestaciones y los servicios sanitarios.
A propuesta de la Conselleria de Presidencia, el Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno a la modificación del artículo 2 de la Comisión Asesora de Derecho Civil de las Islas Baleares.
Se ha considerado adecuado modificar el número de vocales, que pasan de nueve a diez, y que su nombramiento sea por acuerdo del Consell de Govern.
La Comisión Asesora de Derecho Civil fue creada en 1999 como órgano de consulta y asesoramiento del Govern balear en materia de derecho civil de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, el Govern ha aprobado el proyecto de decreto por el que se regulan las indemnizaciones que percibirán los miembros del Consell Escolar de les Illes Balears.