El consejo de administración de la Radio i Televisió de Mallorca, [M], instó ayer a un concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, para intentar frenar el embargo total y la subasta de bienes a raíz de la frustrada operación de compra de la finca de Son Puig.
Esta operación añade aún más incertidumbre al sector audiovisual y a las productoras de Mallorca que habían trabajado para la televisión y que se han quedado sin cobrar los 900.000 euros que, como primera parte del pago total de la deuda (más de 2,5 millones) les había prometido el Consell.
El conseller de Presidència del Consell, Joan Jaume, culpó de la situación a los socialistas y a la anterior presidenta, Francina Armengol.
Subasta de bienes
«Me sabe muy mal haber llegado a esta situación, pero aquí hay una responsabilidad clara del anterior equipo de gobierno, de Francina Armengol y la anterior dirección de la televisión, que tras decir que tenían superávit, ocultaban un endeudamiento de 35 millones, contando las aportaciones del Consell y las de la propia [M]», dijo Jaume quien añadió que querían pagar a los proveedores pero que el embargo instado por Fomento podía impedir no sólo que cobraran estos, sino pagar a la decena de trabajadores que aún quedan en el canal insular. De no haberse declarado en suspensión de pagos, podían salir a subasta todos los bienes de la tele y arrastrar al Consell.