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El juez archiva la denuncia del PP contra el Govern del Pacte por el 'caso Metro'

Vista parcial de la línea de metro de Gran Vía Asima inundada en septiembre de 2007. | EFE - BOMBEROS

| Palma |

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, dictó ayer un auto por el cual decreta el archivo de la denuncia interpuesta en 2010 por el Partido Popular (PP) en contra del Govern de Pacte que presidía el socialista Francesc Antich al no hallar indicios delictivos en la adjudicación de las obras de reparación del metro de Palma tras las inundaciones de agosto y septiembre de 2007.

El sobreseimiento provisional de la causa, también solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, deja sin efecto, por ahora, la investigación de hasta cuatro delitos que, según el PP, habrían cometido los dirigentes socialistas: prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude. El auto puede ser recurrido ante el propio juez o la Audiencia de Palma.

Denuncia

La portavoz del PP en el Parlament y ex consellera d' Obres Públiques en el Govern de Jaume Matas, Mabel Cabrer, y el diputado en el Congreso y secretario general de la formación conservadora, Miquel Ramis, presentaron en su día, la denuncia en los juzgados.

En ese escrito, Cabrer y Ramis hacían hincapié en un informe de la Sindicatura de Comptes de 2008, el cual, confirmaba «gran parte de la vulneración de la normativa vigente en materia de contratación pública», según los dirigentes conservadores.

El PP denunció al Govern del Pacte por adjudicar el contrato de reparación de la línea de metro afectada por las inundaciones a la empresa INECO.

El PP argumentó en su momento que «el grueso de la obra no podía hacerse bajo la ficción de una emergencia y máxime cuando la Conselleria puso todo su empeño en tener cerrado el máximo tiempo posible el metro de Palma, con el único objetivo de hacer daño al Partido Popular y crear una imagen pública de que las obras habían sido un desastre».

En la misma línea se precisaba que la Conselleria «diseñó una estrategia claramente lesiva para el erario público».

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