El president del Govern hablará con la oposición de dos leyes polémicas: la ley de función pública, que rebaja la exigencia de catalán para acceder a la Administración, y la ley general turística que diseña en un nuevo modelo para el sector y deja en manos de la Conselleria de Turisme la última palabra en propuestas que alteran el territorio.
Eso fue lo que les transmitió el president Bauzá a la portavoz del grupo socialista, Francina Armengol, y al portavoz del PSM-Iniciativaverds, Biel Barceló, durante las reuniones, por separado que mantuvieron en el Consolat de la Mar, con la idea de alcanzar acuerdos en cuestiones como Sanidad, Educación, política territorial o recuperación económica.
Frente común
Eso sí, Bauzá puso límites. Por ejemplo, dejó claro que podrían introducirse cambios en la ley turística que el conseller Delgado defiende a capa y espada (eliminará, por ejemplo, la supresión de los controles municipales y analizará el ‘todo incluido') pero que la ley que rebaja el conocimiento del catalán para acceder a la función pública no sufrirá modificaciones más allá de cambios técnicos o de redacción.
Sobre la posibilidad de formar un «frente común» para reclamar al Gobierno central lo que se debe a Balears y mejorar su financiación, les dijo que lo acepta pero, a la vez, les transmitió un comentario del ministro Montoro: que «las arcas están vacías», es decir, que no hay dinero.
Bauzá acogió de buen grado, y hasta lo contó en su Twitter, que se intentaría llegar a «pactos de estado» en materia de educación, territorio, sanidad y economía.
La fórmula de «plan de choque por la economía» sólo la utilizó la socialista Armengol, que le pidió subir los impuestos de las rentas más altas y resucitar el impuesto ecológico.
El portavoz del Govern, Rafael Bosch, calificó las reuniones de «cordiales y positivas» y habló de «acuerdos y diferencias».