José Zaforteza, abogado de uno de los acusados en el juicio contra el expresidente Jaume Matas por los pagos al autor de sus discursos, ha criticado hoy en su informe de defensa que el proceso lo haya instruido el juez José Castro, porque a su juicio no tiene ninguna relación con el caso Palma Arena.
El abogado de María Umbert, exjefa de Gabinete de Matas para la que la Fiscalía pide 8 meses de cárcel por malversación y prevaricación, ha afirmado que su defendida es «un daño colateral» de este proceso, cuyo escrito de acusación es a su juicio «un silogismo».
«Tengo la impresión de que se ha comenzado por el final», ha dicho Zaforteza en relación a la acusación, y luego ha explicado que la intención real de los fiscales ha sido «condenar a determinadas personas».
Para el abogado, la inclusión de su defendida en este caso es un «medio necesario para la condena de Matas y (Antonio) Alemany», en referencia en este último caso al periodista que escribía los discursos al expresidente en virtud de un contrato supuestamente ilegal.
El letrado ha alabado la labor del exabogado del Matas, Rafael Perera, cuando intentó que se apartase a Castro de la instrucción de esta pieza del caso Palma Arena, ya que en su opinión «no es el señalado» legalmente para hacerlo.
En su alegato ha pedido la absolución de Umbert, quien firmó varias facturas en pago por los discursos de Alemany, un trabajo que ha defendido que se hizo correctamente y por un precio justo.
«La señora Umbert no lleva pasaje en el crucero que se hundió», ha dicho en referencia a la frase esta mañana del fiscal comparando el papel de Matas y Alemany con el del capitán del «Costa Concordia».
En la vista de hoy también han expuesto sus informes los abogados de los dos acusados que han pactado con la Fiscalía: el ex director general de Comunicación Joan Martorell y el dueño de la agencia de comunicación que supuestamente encubrió los pagos al periodista, Miguel Romero.
En cuanto al primero, su letrado, Santiago Fiol, ha admitido que ha decidido pactar por la «demoledora» prueba documental que existe contra su defendido, aunque ha añadido que el acusado «en lo más íntimo de su conciencia cree que se equivocó».
Esta equivocación partió, ha defendido, de la ignorancia de los procesos administrativos y de la confianza en que los contratos irregulares que firmó venían avalados por otras personas de la Administración, tanto subordinados como superiores (Matas en este caso).
Además ha destacado que «nadie» ha podido decir «en ningún momento» que Martorell se haya enriquecido con estos contratos, a pesar de lo cual «va a tener que asumir responsabilidades económicas muy importantes fruto de sus errores».
Ha recordado que ha consignado 4.400 euros y ha avalado otros 125.000 en el juzgado, una cantidad significativamente superior a los 23.000 euros que se le pide por responsabilidades pecuniarias.
El abogado de Romero, Antoni Coll, ha justificado la actuación de su defendido en similares términos al afirmar que «cayó en un error que le llevó a la ruina física y económica» cuando consintió que su empresa sirviera de pantalla para los pagos públicos a Alemany.
Ha recordado que ha colaborado con la Justicia «sin ninguna presión del Ministerio Fiscal» y ha añadido que «en ningún caso» ha dicho mentira alguna en el juicio.