El PSIB ha criticado que la modificación del anteproyecto de la Ley de Función Pública «rompe la paz social y lingüística» y, por eso, ha pedido su «retirada», ya que vulnera el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y, además, no ha descartado acudir a la vía judicial si hiciera falta para que no se apruebe.
En rueda de prensa, la diputada socialista, Pilar Costa ha explicado que le «parecen lamentables los argumentos» para fundamentar «esta barbaridad», del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, del conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés y del conseller de Educación y Cultura, Rafael Bosch, «quienes han insinuado que, respecto a la normalización lingüística, durante 25 años no se ha aplicado la legalidad».
Costa ha detallado que han presentado una proposición no de ley para la retirada del anteproyecto, al estimar que éste vulnera el Estatuto de Autonomía, el artículo 14 de la Constitución y los artículos 54 y 56 del Estatuto del Empleado Público, que recogen la necesidad de que los trabajadores públicos conozcan la lengua propia en las Comunidades que tengan lenguas cooficiales.
Además, interpelarán al conseller de Educación y Cultura, para que en el Pleno del Parlament explique «cuál es el modelo lingüístico de la Comunidad, porque se ha avanzado que la próxima reforma tendrá que ver con la educación».
A renglón seguido, han pedido la comparecencia del conseller de Administraciones Públicas, para que explique el contenido del anteproyecto, así como las alegaciones que se le han presentado.
«El Govern tendría que recapacitar»
A este efecto, Costa ha señalado que «el Govern tendría que recapacitar», debido a las miles de alegaciones de ciudadanos, de entidades cívicas y de Ayuntamientos de todos los colores políticos.
Así, a pesar de su «oposición frontal», Costa ha asegurado que ofrecen «diálogo para comenzar de nuevo», ya que la modificación del anteproyecto no se hace siguiendo el programa electoral del PP y se basa en su mayoría absoluta, obviando las peticiones de la ciudadanía.
«Si durante 25 años la normalización lingüística no ha provocado ninguna factura social, que no la provoque ahora porque Bauzá es el primer presidente de Baleares que rompe el consenso respecto a la normalización lingüística», ha añadido.
Por su parte, la también diputada socialista, Cristina Rita ha dicho que la propuesta de modificación del anteproyecto «supone un ataque frontal contra la arquitectura de la Comunidad» que se configuró al amparo del Estatuto de Autonomía y ha enfatizado que se ha realizado sin «ningún consenso».
Rita ha calificado la Ley de Función Pública de «involución política» y, además, se aprovecha para modificar los topónimos con un interés partidista del conseller Gornés, que también es regidor del Ayuntamiento de Mahón, ya que así se introduce la versión castellana en los topónimos y se somete así a la presión de diversos grupos conservadores.