El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que tramita el' caso Palma Arena', está investigando dentro de la pieza centrada en el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos si la empresa que presidió el dirigente del PP Esteban González Pons -la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana-, operó con entidades que pudieran ser consideradas pantalla o sociedades interpuestas.
Reclamación
Para ello el magistrado ha reclamado a la Agencia Tributaria que aporte a las pesquisas de la pieza separada número 25 del caso «cuantos datos consten sobre las operaciones económicas llevadas a cabo con terceros por parte de la sociedad gestora», que en diciembre del año 2005 firmó un convenio con Nóos por seis millones de euros para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los denominados Juegos Europeos, que al cabo nunca llegarían a celebrarse.
Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se concretó finalmente -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-, a pesar de que el Instituto Nóos acabó percibiendo por el convenio un total de 382.203 euros procedentes de los fondos de la Generalitat.
De hecho, el área jurídica de la la Gerenalitat valenciana señalaba en informe de diciembre de 2005 que, puesto que el convenio establecía una previsión de financiación para 2006 y 2007, se trataba de un expediente de tramitación anticipada del gasto, por lo que su eficacia quedaba condicionada a la efectiva existencia de crédito «adecuado y suficiente».