El Govern no tiene intención de dar marcha atrás en la reforma de la ley de Función Pública que rebaja el nivel de catalán y que ayer siguió recibiendo alegaciones críticas, además de levantar una polvareda importante en algunos sectores del propio Partido Popular.
El conseller d'Educació y portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, dijo que no prevé retirar el anteproyecto aunque sí analizar todas las alegaciones «y atender a la que estén de acuerdo» con la filosofía de la proyecto.
Bosch explicó que el objetivo de la modificación de la ley es permitir la «coexistencia» de las dos lenguas oficiales en la comunidad (catalán y castellano) dentro de la función pública, al tiempo que «permitir que lleguen a la comunidad los mejores profesionales».
El anuncio de este anteproyecto ha suscitado diferencias de opiniones en distintos municipios de las islas, algunos incluso gobernados por el propio PP, como es el caso del Ayuntamiento de Manacor. A este respecto, Bosch señaló que, como instituciones que son, tienen «todo el derecho del mundo» a expresar su postura.
Lo que sí quiso dejar claro es que la intención del Govern es que todos se sientan «cómodos» en un contexto de «convivencia lingüística».
Recordó que eso responde al Estatut y al programa electoral y precisó que la idea no es que haya una «prevalencia» de una lengua sobre otra, sino una «coexistencia» entre ambas, las dos oficiales.
Durante el día de ayer se presentaron diferentes alegaciones por parte de partidos y organizaciones diversas que se suman a las que se habían entregado en días pasados. El PSM-Iniciativaverds, ERC y los sindicatos hicieron llegar sus propuestas de modificación y rechazaron el proyecto.