El Govern liquidará el próximo mes de enero toda la deuda que mantiene con el sector agrario de Balears, según aseguró ayer el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company. El Ejecutivo tiene previsto abonar durante estos días 6,5 millones de euros que debía en el marco del Plan de Desarrollo Rural, destinado a mejorar las inversiones en el mundo de la payesía. Un total de 241 agricultores y ganaderos de las Islas se beneficiarán de estas ayudas, según explicó ayer el conseller en una rueda de prensa.
Estos más de 6 millones de euros corresponden a ayudas europeas cofinanciadas por la Unión Europea, el Gobierno central y el Govern balear. En caso de que las ayudas no se hubieran pagado antes del 31 de este mes, la Unión Europea podría reclamar el reembolso de los 2,3 millones que le correspondían pagar.
Gobierno central
El conseller d'Agricultura explicó que el Govern se ha visto obligado a financiar su parte, pero también los más de dos millones de euros aportados por el Gobierno central. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero envió estos fondos a la Comunitat, pero el Pacte destinó este dinero a otras partidas, según el conseller.
Por otra parte, Gabriel Company destacó que Balears es la Comunitat que ya ha pagado a los payeses 23,5 millones de euros procedentes de la Política Agraria Común (PAC). Esta cantidad es el 91,25 por ciento de los 25 millones que proceden de fondos europeos, lo que sitúa a Balears como la comunidad que más porcentaje ha pagado.
El conseller Gabriel Company explicó ayer que ya ha enviado una carta a la nueva ministra de Fomento, Ana Pastor, para pedirle una reunión urgente en la que abordar la ejecución de las obras del tren a Artà. «Nos hemos puesto en contacto con ella por carta y por fax, porque necesitamos resolver este conflicto cuanto antes», señaló el conseller. «Nos han estado pasteleando», afirmó Company en referencia al anterior equipo del Ministerio. El conseller se refería al hecho de que la reunión para abordar la financiación del ferrocarril a Artà se convocó para el pasado 23 de noviembre, después de las elecciones y cuando el equipo ministerial ya sabía que no seguiría en sus puestos. Recordó que, de los 443 millones que figuran en el convenio, sólo han llegado 57.