Dos imputados en el ‘caso Voltor', el exdirector insular de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, y la exjefa insular de Emergencias María José Rodríguez, negaron ayer ante la juez Carmen Abrines y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, haber tenido participación alguna en la supuesta trama de contratación de trabajadores en organismos públicos, pero que en realidad realizaban labores de proselitismo para Unió Mallorquina.
Lliteres, defendido por los abogados Mateu Sedano y Matías Barón, admitió que había solicitado la contratación de tres personas, Fabiola Velásquez, Carina Barroso y Lucía Stella Duque, a la entonces secretaria técnica de Miquel Nadal, Eugenia Cañellas, pero se desmarcó de los trámites seguidos. Asimismo, dijo que desconocía que sus nóminas fueran abonadas por el Consorcio de Informática Local (Cilma).
Inmigrantes
Explicó que pidió la contratación de Lucía Duque, «en atención a que ella tenía mucha relación con inmigrantes de origen latinoamericano», que en ese año (2205) «suponían el 25% del porcentaje de inmigrantes». Reiteró que Fabiola Velásquez y Carina Barroso también cumplieron con el trabajo asignado, aunque el fiscal le pidió que aporte a la causa el soporte documental de esas tareas.
María José Rodríguez, por su parte, respondió a preguntas relacionadas con el programa ‘Angelots', iniciativa para atender a personas mayores y necesitadas del barrio de Santa Catalina.
Rodríguez dijo que se trataba de un proyecto en el que participaban voluntarios y no personas contratadas.