Los aeropuertos de Balears y del resto del país vivieron hace un año un caos generalizado por la actitud unilateral del sindicato de controladores español USCA de abandonar sus puestos de trabajo con excusas peregrinas, provocando el cierre temporal del espacio aéreo en todo el país.
La pretensión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de cortar de raíz sus anacrónicas prebendas como sindicatos, con sueldos anuales por encima de los 300.000, tuvo una respuesta tajante, que delató la prepotencia del sindicato USCA, como la de propiciar el cierre del espacio aéreo.
El Gobierno, ante esta actitud, se vio obligado a militarizar el control aéreo y decretar, por vez primera en la democracia española, el estado de alarma.
La medida pilló de sorpresa al USCA, pero fue aplaudida por todos aquellos afectados durante la semana del puente de la Constitución de 2010. Muchos residentes de las Islas se vieron obligados a cancelar sus vacaciones, pero otros tuvieron la suerte de poder disfrutarlas, eso sí con el temor de que en el último momento la aerolínea de turno anunciara cambios de última hora.
El caos que se vivió en Son Sant Joan, Maó y Eivissa fue generalizado, y en el caso de Palma más de 100.000 pasajeros se vieron perjudicados por esta «huelga salvaje» de los controladores, que propició el abandono masivo de sus funciones sin ningún tipo de aviso previo.
Vimos lo nunca visto, como que las torres y centros de control estuvieran bajo mando militar, que fue noticia a nivel internacional, produciéndose un rosario de quejas y peticiones de indemnizaciones por las pérdidas ocasionadas, valoradas en 700.000 euros en Mallorca.
El tráfico quedó normalizado en una semana, pero las medidas cautelares que se adoptaron, entre ellas la apertura de diligencias ordenadas por la Fiscalía General del Estado a la de Balears, todavía se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma a la espera de que comparezcan todos los controladores como imputados.