El borrador de la nueva Ley General Turística (LGT), que ayer salió a exposición pública por espacio de quince días, contempla la figura de los condoteles, permite el cambio de uso de hotelero a residencial en zonas turísticas maduras, la explotación de las «possessions», flexibiliza el uso turístico con el residencial e incrementa el control de la oferta ilegal, así como las sanciones, según dieron a conocer ayer el conseller de Turisme, Carlos Delgado, y el director general de Turismo, Jaime Martínez.
La nueva normativa, según explicaron, «no tiene nada que ver con la antigua de 1999, más pro hotelera» y surge a raíz de la necesidad de actualizar la ley a la realidad actual para eliminar las trabas administrativas, garantizar la seguridad jurídica y modificar legislación obsoleta.
Oferta rural
Uno de los aspectos más novedosos que introduce la LGT es que flexibiliza el principio de uso exclusivo incorporando los usos compatibles con el turístico en una misma parcela, al tiempo que regula la explotación conjunta de diferentes establecimientos.
Así, en los edificios catalogados en cualquier tipo de suelo se permitirá el uso turístico previo informe de la administraciones competentes en turismo y patrimonio, mientras que en todo tipo de suelo rústico se podrán abrir establecimientos de turismo rural en las edificaciones ya existentes. Esto supone que las familias que tengan «possessions» podrán convertirlas en agroturismos sin ningún tipo de trabas administrativas, «queremos proteger el campo y a la gente del campo, de ahí este cambio normativo», apuntó el conseller.
El objetivo del Govern es que la LGT se tramite en el Parlament a principios de año, para que esté operativa antes del verano.
La Federación Hotelera de Mallorca indica que la futura LGT «es un paso hacia adelante porque prima ante todo la mejora de la competitividad de las zonas turísticas y su reconversión, dando salidas a la oferta obsoleta».
El portavoz del grupo parlamentario PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Biel Barceló, criticó ayer la LGT, «porque puede afectar al mantenimiento de la actividad turística».