Unas 10.000 viviendas de Palma no pagan la tasa de incineración de residuos sólidos urbanos (Tirsu), la mayoría de ellas ubicadas en suelo rústico. Estas son las previsiones que maneja el Consistorio palmesano, que prevé recaudar unos 4,8 millones de euros correspondientes a los impagos de los últimos cuatro años, es decir, a razón de 120 euros de media por vivienda. En esta cantidad no se incluyen las posibles sanciones, ya que el Ajuntament espera que no sea necesario tener que sancionar, sino que los infractores regularicen su situación de forma voluntaria. La regiduría d'Economia i Hisenda está trabajando conjuntamente con Emaya y el Govern balear para detectar este tipo de fraude.
Sanciones
Los infractores que sean detectados por el Plan de Control e Inspección Tributaria que ha puesto en marcha Cort tendrán que pagar los cuatro años que adeudan y podrán ser sancionados entre con un 50% y un 150% del total de la deuda. Si se tiene en cuenta una factura media de 120 euros, la sanción mínima podría oscilar entre los 240 euros y los 720 euros. Sólo en concepto de sanciones, el Consistorio podría ingresar entre 2,4 millones y 7,2 millones de euros.
Sin embargo, las personas que no paguen la Tirsu pueden regularizar su situación y pagar los cuatro años que se investigan. De este modo, evitarán tener que pagar la sanción. El teniente de alcalde d'Economia i Hisenda, Julio Martínez, explica que el plan de inspección fiscal del Ajuntament de Palma tiene una finalidad pedagógica, ya que las personas que no tengan regularizada la situación de su vivienda respecto a las tasas de la basura tienen la posibilidad de hacerlo sin tener que pagar la correspondiente sanción.
Martínez destaca que hacer pagar a los ciudadanos a los que les corresponde evita subidas de impuestos. De este modo, asegura que si se cumplen las previsiones, se recaudará más por el Plan de Control e Inspección Tributaria que con la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En este sentido, el titular d'Economia i Hisenda también argumenta que esta iniciativa ha permitido subir el IBI un 6% a las viviendas residenciales, en lugar de un 12% como contemplaba el plan de saneamiento aprobado la pasada legislatura por el gobierno de Aina Calvo.
Martínez recuerda que la detección de estos impagos será posible gracias al Plan de Control e Inspección Tributaria, con el que prevé recaudar 12,5 millones de euros.