Los promotores de la construcción de un centro comercial en ses Fontanelles no tienen derecho a una indemnización por la paralización del proyecto. De momento. Una sentencia del TSJB exime al Govern del pago de 6,3 millones de euros, tal y como reclamaban las empresas Parque Agua Mágica y Riofisa Espacios Inmobiliarias ante la suspensión cautelar del proyecto acordada por el 'Govern Antich' en noviembre de 2007, las cuales ya han recurrido el fallo.
Una de las primeras medidas aprobadas por los partidos del Pacte fue el decreto ley que suspendía de forma cautelar la ejecución del proyecto hasta que se elaborara un plan para «garantizar la preservación y el mantenimiento de los valores ambientales de la zona húmeda de ses Fontanelles». Desde entonces han pasado cuatro años. El TSJB señala que por el momento, las empresas que reclamaban esta indemnización no han perdido sus derechos urbanísticos ni sus «expectativas económicas y comerciales».
Prolongar la suspensión
La sentencia de la Sala de lo Contencioso incide en que la suspensión que se acordó en 2007 es cautelar, por lo que no se puede prolongar sin límite. En ese caso, señala se podría considerar que se ha perdido la «finalidad legítima» del decreto de paralización y sí se podrían derivar una serie de daños y perjuicios de los que sería responsable la administración.
A pesar de que hayan pasado cuatro años, el TSJB valora que los poderes públicos han actuado para desbloquear la situación. Así, indica: «Ha existido una actuación parlamentaria y administrativa, si bien su tramitación ha resultado infructuosa en este periodo». Las medidas para paliar el posible impacto del centro comercial de ses Fontanelles estuvieron recogidas -según la sentencia- en el Plan de Reconversión de Platja de Palma que se aprobó en julio de 2010 y que se retiró cinco meses después ante la contestación vecinal.
El TSJB valora en el texto de la sentencia la envergadura y dificultad de poner en marcha un Plan de Reconversión como el que se plantea para ses Fontanelles y llega a la conclusión de que no puede hablarse de una «dilación inexcusable».
Además de la Administración autonómica, en la causa estaba también incluido el Ajuntament de Palma, dado que las dos empresas promotoras de un centro comercial de más de 93.000 metros cuadrados también reclamaban su responsabilidad. En total, las promotoras solicitaban una indemnización de 6.300.438 euros más los intereses correspondientes más 5.450 euros por cada día que se prolongara la suspensión.