El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional interrogaron ayer al exsocio del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el Instituto Nóos, el profesor y empresario Diego Torres, actuación que coincidió con la incautación el pasado lunes en Valencia de los contratos suscritos entre esa entidad y la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de la Generalitat valenciana.
Diligencia
Esta última diligencia fue ordenada por el juez instructor del 'caso Palma Arena', José Castro. Agentes de la policía judicial se incautaron de dos contratos suscritos en 2004 y 2005 entre esas dos entidades valencianas con lel Instituto Nóos, que fundó y presidió Iñaki Urdangarín, según informó ayer Europa Press citando a fuentes de la Generalitat valenciana.
La Generalitat firmó dos convenios con el Instituto Nóos, empresa que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por un importe total de algo más de 1,7 millones de euros.
El fundador del Instituto Nóos, Diego Torres, fue interrogado por el presunto desvío de 2,3 millones de euros abonados por el Govern presidido por Jaume Matas en los años 2005 y 2006 al Instituto Nóos para la celebración de un foro sobre turismo y deporte. Los investigadores desconocen el destino que se dio a parte de estos fondos públicos, según consta en el sumario de la pieza separada del 'caso Palma Arena' que se investiga bajo secreto.
Declaración
Torres ya había declarado ante el juez y el fiscal el pasado mes de julio en Palma y aseguró que el objetivo para el que fueron destinados 1,2 millones en 2005 y 1,1 un año después «fue materializado», ya que las dos ediciones anuales del evento se llevaron a cabo y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para ambas celebraciones.
Sin embargo, las pesquisas apuntan a que el gasto que en su día se presupuestó para la celebración del Forum Illes Balears Tour Sport, que en 2005 fue presentado en rueda de prensa por Matas y Urdangarín, no ha sido acreditado. La policía judicial se incautó en Barcelona de documentación en la sede de las sociedades investigadas en la causa bajo la denominación de 'operación Babel'.