El Banco de Valencia ha pedido al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma que señale fecha para la celebración de la subasta pública de las tres fincas con las que el expresidente del Govern, Jaume Matas, garantizó un el préstamo que la entidad bancaria le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le fue impuesta en el marco del caso Palma Arena. El banco ha presentado un escrito ante el Juzgado después de que el principal imputado de esta causa no haya abonado los más de cuatro millones que le adeuda a raíz del préstamo.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en un comunicado, la subasta, una vez se haya comprobado que se han seguido los trámites legales oportunos, será fijada según el turno de entrada que le corresponda, si bien a día de hoy el Juzgado está señalando subastas a partir del 15 de enero de 2012.
Tal y como ya avanzaron fuentes jurídicas a Europa Press, el exministro de Medio Ambiente no ha hecho efectivo el pago de la cantidad que debe, de forma que, tras así haberlo solicitado el Banco de Valencia, el Juzgado deberá sacar a subasta no sólo la principal vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma, conocida como 'palacete', ubicada en la céntrica calle Sant Feliu, sino también un inmueble que el expresidente del PP balear tiene en La Rambla además de un local ubicado en la calle Sant Miquel.
Fue el pasado mes de mayo cuando el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió el año pasado para que el encausado hiciera efectiva la fianza -cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión preventiva-, a los que se suman más de un millón de euros por los intereses del crédito y los gastos procesales generados desde entonces.
Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.
Se da la circunstancia de que el pasado 7 de octubre el hasta entonces consejero delegado de la entidad bancaria, Domingo Parra, quien es amigo personal de Matas, fue sustituido al frente del Banco de Valencia tras 17 años en el cargo. En su lugar, el consejo de administración de la entidad designó ese mismo día a Aurelio Izquierdo.
De forma paralela, el Banco de Valencia ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 3, encargado de las investigaciones del caso Palma Arena, la devolución de los 500.000 euros en que el pasado día 17 la Audiencia Provincial de Palma rebajó la fianza de tres millones decretada contra Matas. Y es que, de acuerdo al escrito que ha presentado para ello la entidad, al que ha tenido acceso Europa Press, «el acreedor pignoraticio está facultado para retener el dinero pignorado e imputar a la deuda directamente el importe del metálico sobre el que se constituyó dicha prenda».
Así las cosas, el juez instructor de la causa, José Castro, ha dado traslado de la petición del banco, mediante una providencia, tanto a la defensa de Matas como a la Fiscalía, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y al PP -en calidad de acusación popular-, a fin de que emitan sus alegaciones antes de que el magistrado se pronuncie sobre la solicitud de la entidad bancaria.
Fue en marzo del pasado año cuando, tras tomarle declaración durante dos días, el juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.
Los investigadores apuntan de esta forma a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007). Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su declaración manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el 'palacete' y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.