El Ministerio Fiscal ha solicitado penas que suman 180 años de cárcel para diez acusados en la conocida como ‘trama de las dobles ventas» de terrenos en Mallorca, entre ellos, el empresario francés Patrick Duchemin (41 años de prisión), y los abogados mallorquines Miguel Feliu (32 años) y su padre, José Feliu (30 años) por los delitos de asociación ilícita, continuado de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales
El juez instructor de la causa acordó ayer la apertura de juicio oral para los diez acusados a quienes impone fianzas de responsabilidad civil millonarias, en las que destaca la solicitada al despacho Bufete Feliu por un importe de 17.600.000 euros.
Los otros acusados son Yann Theau, para quien el fiscal pide 29 años de prisión, Daniel Perin (26), André Lamquet (6), Annik de Greef (5), José Manuel Quesada (5), Mathiu Jean Dereck (4) y Anhony Allan Cowden (2).
El ‘caso doble ventas' ha sido investigado en el Juzgado de Instrucción 11 de Palma desde 2007, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. Consiste en una supuesta estafa millonaria con las ventas sucesivas de parcelas en Calla Llamp a través de la sociedad Detursa, en un negocio que habría generado pingües beneficios para los acusados, según el Ministerio Fiscal.
Sociedad
Detursa se constituyó hace décadas por parte del padre de Miguel Feliu, José, y su objeto era la compra de terrenos en Cala LLamp para construir una urbanización.
La finca original se segregó en pequeñas parcelas que se fueron vendiendo a particulares, la mayoría ciudadanos extranjeros. Hace pocos años, Detursa se traspasó a un empresario francés, quien aconsejó a Patrick Duchemin, comercial de esa sociedad, que acudiese al despacho de los Feliu para tramitar nuevas ventas de solares. Algunas de esas operaciones se efectuaron sobre solares ya vendidos, circunstancia que fue denunciada por algunos de los afectados.
Algunos de los imputados declararon ante el juez que no realizaron las dobles ventas de forma consciente, sino que todo es debido a que las notas registrales de los terrenos «eran poco precisas».