La Guardia Civil y la Fiscalía han interrogado a la exgerente de Emaya, Malen Tortella, como imputada en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar, si bien ya se encontraba encausada dentro de un procedimiento que indaga un presunto desvío de 1,5 millones de euros en la adquisición de contenedores soterrados así como la contratación de agentes electorales de UM a sueldo de la empresa municipal que, supuestamente, en realidad se dedicaban a labores de partido.
Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han señalado que hasta el momento hay un total de cuatro imputados dentro de esta fase, entre ellos Tortella, la ex jefa del departamento presuntamente 'fantasma' de Emaya, L.J.Z. -detenida este miércoles- y la consejera ejecutiva de Melchor Mascaró, en este último caso por los contratos presuntamente amañados que habría obtenido la constructora.
Cabe recordar que Tortella, también imputada en el caso Maquillaje, ya fue detenida en la primera fase de esta operación, que indaga unos hechos que sucedieron durante la etapa en la que Cristina Cerdó, cuya imputación no se descarta, presidía Emaya mientras por debajo se encontraba la ex gerente. Se da la circunstancia de que Cerdó ya se encuentra encausada en los casos Maquillaje y Picnic, que investiga de forma paralela un presunto desvío de 1,2 millones de euros públicos a la captación de nuevos afiliados y futuros votantes y en el marco del cual pesa sobre ella una fianza penal de 300.000 euros.
De acuerdo a las pesquisas, el departamento investigado era conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía, que nunca fue creada de forma oficial como tampoco disponía de presupuesto alguno, y en él trabajaban empleados que en realidad eran agentes electorales de UM. Todos ellos prestaron declaración en calidad de testigos excepto su jefa, L.J.Z., quien tras ser detenida e interrogada quedó anoche en libertad con cargos. En concreto, sobre la arrestada pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
El arresto de L.J.Z. se produjo después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM.
La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa.