La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma será la encargada de enjuiciar a los 18 acusados del caso Scala, una compleja trama de presunta corrupción centrada en el desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal inculpado es el ex conseller de Industria, Comercio y Energía, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.
Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) después de que el proceso haya entrado este jueves en la Audiencia y, por turno de reparto, haya sido asumido por la Sección Primera, que precisamente será también la encargada de juzgar en enero al expresidente del Govern, Jaume Matas, así como la pieza número 1 del caso Voltor, cuyo principal acusado el exconseller de Turismo del Govern y expresidente de UM, Miquel Nadal. Por el momento no se ha fijado fecha para la vista oral del caso Scala.
Una causa en el marco de la cual la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, se enfrentan a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).
Imputados
Además de los dos exaltos cargos, las acusaciones reclaman 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export S.P.J.y el empresario Pedro Veny.
Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.
Cardona, presunto líder de la trama
En el marco de estas pesquisas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
La Fiscalía apunta al «robo sistemático» efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban «hombres de paja o testaferros» y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
«Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores», detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
Por todo ello, sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.
Fianzas
Cabe recordar que en su auto de apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, acordaba una fianza de responsabilidad civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, los tres principales imputados de la causa, y de la que también debían responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exigía 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas debía prestar otros 23.473 euros.
Por su parte, en su escrito la Fiscalía reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.
Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.
La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.