El Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP), a través del diputado Miguel Àngel Jerez, instó ayer al fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, a hacer «todo lo posible» para mantener intacto el secreto de los sumarios de causas, ya que ello supone «una condena anticipada» a la persona que ha sido imputada.
Barceló respondió que, en principio, todas las instrucciones desarrolladas en los juzgados tienen el carácter de secretas, y recordó que el juez puede acordar esa medida para las partes personadas, con excepción del Ministerio Fiscal.
«El problema que tenemos es el de las filtraciones, y son inevitables», dijo el fiscal superior, en directa alusión a todas las partes que intervienen en un proceso judicial y que pueden vulnerar ese secreto.
Juicios paralelos
«Hay países (más tarde aclaró que solo conocía el caso de Bélgica) que prohiben dar información hasta que exista una sentencia firme, lo que evita que se produzcan juicios paralelos. Somos los primeros en lamentar que se produzcan esas filtraciones, al igual que también censuramos que se publiquen en los medios de comunicación determinadas imágenes de personas detenidas, que no deberían hacerse públicas», ha señalado Barceló, que presentó la Memoria Judicial de 2010 ante la Comisión de Asuntos Instutucionales y Generales del Parlament. El fiscal superior insistió en la necesidad de que la Fiscalía de Balears pueda disponer de un gabinete de comunicación para canalizar de manera oficial toda la información que generen los representantes del Ministerio Público. «Así se evitarían falsas interpretaciones y equivocaciones de algunos medios», subrayó.
Rígidos protocolos
Dirigentes del PP, precisamente, han criticado los rígidos protocolos seguidos por la policía y Guardia Civil en algunas causas relacionadas con supuesta corrupción, como los casos 'Palma Arena', 'Ibatur', 'Scala', entre otros, que han culminado con la detención de destacados políticos conservadores.
La diputada del PSIB-PSOE, Pilar Costa, intervino ayer en la comparecencia del fiscal superior para recordar que las personas públicas «tenemos un plus carga que un ciudadano anónimo no tiene», y abogó por «buscar un equilibrio entre el derecho a la información de los ciudadanos y el correcto desarrollo de un proceso judicial».