El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado hoy por unanimidad instar al Govern a «resolver el incumplimiento» de la Ley de Capitalidad y de la Ley de Régimen Local, que el grupo socialista cifra para 2011 en un impago de 30 millones de euros.
El consistorio palmesano ha celebrado hoy un pleno extraordinario para debatir una propuesta de la oposición socialista para reivindicar que el Govern pague «una inversión importante de 30 millones de euros, 25 a través de la ley de Capitalidad y 5 del Fondo de Cooperación Local», según ha detallado la portavoz Aina Calvo.
Sin embargo el grupo popular ha planteado un texto alternativo, cuyo segundo punto, que insta al Govern a resolver el incumplimiento de la Ley de Capitalidad y la de Régimen Local, es el que se ha aprobado por unanimidad, pero no concreta la anualidad ni la cuantía que se reclama.
El pleno también ha aprobado por unanimidad continuar las negociaciones con el Govern e implementar las medidas jurídicas y económicas para «reducir el actual endeudamiento de la comunidad autónoma con el Ayuntamiento».
Además se ha aprobado, con los votos a favor del grupo popular y en contra del PSIB y el PSM-IV-ExM, lamentar que el Govern anterior, presidido por Francesc Antich, desviara fondos de Cooperación Local y del presupuesto para capitalidad a otras partidas y que incumpliera la ley de capitalidad entre 2008 y 2010.
El pleno ha lamentado además, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición que el ejecutivo autonómico desviara 20 millones de la financiación del Palacio de Congresos y ha instado al nuevo Govern a dar prioridad a esta obra.
El teniente de alcalde de Economía y Hacienda y portavoz municipal, Julio Martínez, ha asegurado que si Cort tiene este problema de impago del Govern es «por lo que hicieron en la pasada legislatura» quienes ahora están en la oposición y reclaman el pago.
Martínez ha afirmado que el presidente José Ramón Bauzá «es una víctima» de su predecesor y que los actuales gobiernos del PP en el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma están haciendo «de administradores concursales más que de gestores políticos» por la mala situación presupuestaria heredada, que ha situado las tres instituciones «en suspensión de pagos».
El portavoz ha defendido que el Ayuntamiento está actuando con prudencia ante la mala situación económica del Govern.
La exalcaldesa, Aina Calvo, ha asegurado que «no es imprudente» reclamar lo que adeudan al Ayuntamiento sino «responsable» y ha subrayado que considera importante que todo el consistorio haga un pronunciamiento firme al respecto.
«La propuesta es mesurada y prudente y consiste en el pacto de un calendario de pago», ha defendido. El edil Andreu Alcover ha abundado en reivindicar el pago en función de la disponibilidad presupuestaria del Govern y «en ningún caso renunciar a estos importes».
Calvo ha recordado que los 30 millones que el Govern no planea abonar incluyen el pago del derribo del edificio Flex, las obras del polideportivo de Son Moix, obras en el Coll den Rabassa o Son Gotleu, la rehabilitación de Camp Redó, la continuación del Palau de Congresos e inversiones imprescindibles en la EMT y Emaya.
«Nos preocupa que el Govern no vaya a transferir este dinero» ha dicho Calvo que ha animado al alcalde, Mateo Isern, a no resignarse y «ponerse al frente en esta reivindicación».
El portavoz del grupo municipal del PSM-IV-ExM, Antoni Verger, ha subrayado que el impago de la deuda pendiente por la Ley de Capitalidad se suma a «un paquete global de incumplimientos del Govern hacia el Ayuntamiento» y ha cuestionado si «alguien» del consistorio «le está explicando al Govern las consecuencias de todo esto» que pueden crear «un polvorín».
«Estamos llevando a personas en situación muy vulnerable al abandono porque el Govern no paga», ha alertado Verger, que ha hablado de «emergencia social» para colectivos como los menores en situación conflictiva, discapacitados y parados de larga duración.
Verger ha apelado a la responsabilidad del gobierno municipal del PP que «se presenta como adalid de la seguridad jurídica» para que reclame al Govern «el cumplimiento de una ley».
El PSOE ha reclamado especialmente el pago para permitir que continúe la rehabilitación de Camp Redó. El PSM-IV-ExM también ha pedido a Cort que sigan las obras y el teniente de alcalde Martínez ha asegurado que la ley de capitalidad se creó para destinar fondos a la EMT, la policía, limpieza e infraestructuras, «pero no para el plan de Corea».
En relación al Palacio de Congresos, el PSM-IV-ExM ha advertido de que faltan 70 millones para acabarlo y ha pedido que se paren temporalmente «unas obras que son más que discutibles desde el punto de vista de rentabilidad social y económica.