El pleno del Parlament ha aprobado hoy por asentimiento instar al Gobierno español y al Govern balear a poner en práctica un plan de lucha contra el fraude fiscal que implique más colaboración y coordinación entre ambas administraciones públicas y que cuantifique periódicamente la economía sumergida.
El plan también debe fijas objetivos de reducción del dinero negro y aprovechar las capacidades del personal del Ministerio de Hacienda aumentando las competencias y funciones de los empleados públicos, según el único punto de la proposición no de ley del grupo PSM-IV-ExM y Més per Menorca sobre de reforma fiscal y lucha contra el fraude que se ha debatido hoy.
El Parlament ha rechazado sin embargo otros puntos de la proposición no de ley como instar al Gobierno a elevar la imposición a las rentas por encima de los 200.000 euros y gravar más adecuadamente a las sociedades denominadas SICAV.
La diputada Fina Santiago ha defendido la propuesta por considerar que el actual momento de crisis es idóneo para modificar la política fiscal y que sea más progresiva y también para combatir un fraude que según la UE alcanza entre el 20 y el 25 % en España, el doble de la media europea, y que el sindicato de funcionarios de Hacienda cifra en 40.000 millones de euros.
Santiago ha defendido que los expertos en economía advierten de que no se está invirtiendo en políticas para crear empleo y de que aplicar solo políticas de reducción de déficit no permitirá salir de la crisis.
Según la diputada nacionalista, al rechazar la mayor parte de los puntos de la propuesta, el PP rechaza «hacer una política justa impositivamente y que las SICAV de revisen».
La diputada socialista Lourdes Aguiló se ha mostrado de acuerdo con la propuesta por considerar que «hay margen para que las rentas más altas contribuyan más a mejorar los ingresos de la Hacienda Pública y a reducir el déficit».
El diputado popular Francisco Mercadal ha respaldado la necesidad de mejorar la lucha contra el fraude fiscal, pero ha rechazado los demás puntos propuestos como el referido a aplicar el nuevo Impuesto de Patrimonio aprobado por el Gobierno central, por considerar que pretende gravar tres veces por lo mismo «cuando se trabaja, por adquirir patrimonio y una tercera vez por el hecho de tenerlo».
Mercadal ha asegurado que la recuperación de este tributo supone «demasiado impuesto» y la ha calificado de una medida «de improvisación política, electoralista y de pura social-demagogia».