Los trabajadores del Ajuntament de Palma, incluidos los organismos y empresas públicas, tienen 7.040 horas sindicales (dentro de la jornada laboral, pagadas y que se dedican a temas sindicales) al mes, en cumplimiento del acuerdo regulador de las condiciones laborales de los funcionarios de julio de 2010. El Consistorio palmesano sólo cuenta con 11 liberados (7 de UGT, 3 del STE-i y 1 de USO), ya que el resto de horas se reparten entre diferentes trabajadores según las necesidades de cada momento. No obstante, si todas las horas sindicales se repartiesen entre liberados, Cort (incluyendo a los organismos y empresas) tendría derecho a 50 liberados.
Cabe destacar que no todos los sindicatos hacen un cumplimiento estricto de las horas sindicales que les corresponden. Por citar sólo un ejemplo evidente, a UGT, que tiene 720 horas sindicales al mes, le corresponden cinco liberados (cada liberado hace 140 horas al mes), pero cuenta con 7 liberados, es decir, consume 260 horas sindicales más al mes de las que le corresponden.
Vigilancia más estricta
El gobierno municipal quiere terminar con esta situación, por lo que realizará una vigilancia más estricta y controlada del cumplimiento de las horas sindicales. Se trata de una de las medidas que contempla el plan de medidas que está negociando el Ejecutivo de Isern con los sindicatos y la oposición. Precisamente, a lo largo de esta mañana está previsto que se celebren dos encuentros para debatir propuestas que puedan mejorar el borrador presentado por el gobierno municipal.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Guillermo Navarro se reunió ayer con la Policía Local para explicarles el borrador. Entre otras cosas les aclaró que no perderán todos los complementos.
Los sindicatos valoran el talante negociador del equipo de gobierno municipal, pero se muestran contrarios a que se puedan reducir las compensaciones económicas (complementos, horas extras, etc.). En este sentido, el portavoz de CC OO en el Ajuntament de Palma, Pedro Castro, explicó que los trabajadores municipales desconfían de que la vigencia de este acuerdo sea por dos años, como han asegurado los dirigentes municipales, y temen que en 2014 la situación económica continúe siendo negativa y no recuperen los derechos adquiridos.