El exjefe de servicios de gestión de residuos del Consell de Mallorca Fernando Ruano, negó ayer ante el juez instructor del 'caso Cloaca' haber diseñado el sistema de sobrefacturación para compensar a la dos uniones temporales de empresas encargadas de la recogida de residuos en Mallorca por las pérdidas de ese servicio.
«Es falso», respondió Ruano cuando el juez le preguntó si él había propuesto o insinuado el cambio de facturación, tal y cómo sostienen su subordinada María Morey y el también imputado Felipe Belinchón, éste último defendido por el abogado Jaime Campaner.
Belinchón, por su parte, jefe de servicios de Melchor Mascaró, una de las empresas adjudicatarias, afirmó que fue Ruano en el transcurso de una reunión, el que les ofreció la posibilidad de facturar residuos no contabilizados, aunque el funcionario del Consell lo negó de manera terminante.
En este caso se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvià y Llucmajor.
Informe
Un informe encargado por el Consell cifró en 5,7 millones la diferencia total entre lo facturado por las uniones temporales de empresas (UTEs) adjudicatarias del Consell para la recogida selectiva y los servicios que realmente prestaron.
Solo en el año 2008 se registró una diferencia de 1,6 millones de euros entre lo que pagó el Consell de Mallorca a dos uniones de empresas por el servicio de recogida selectiva de basura y lo que realmente costaron estos servicios, según se informe pericial contenido en el sumario del 'caso Cloaca'.