El PSIB de Palma ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento exija al Govern que trasfiera a las arcas municipales los 30 millones de euros que está obligado a aportar en virtud de la Ley de Capitalidad.
La portavoz socialista en Cort, Aina Calvo, ha subrayado que diversos miembros del Ejecutivo y el propio concejal de Hacienda, Julio Martínez, han cuestionado que el Govern vaya a cumplir este año con la previsión legal a pesar de que parte de las inversiones financiadas con los 30 millones comprometidos ya se han ejecutado.
«Es una situación extraordinariamente delicada», ha expuesto Calvo en referencia a las dificultades económicas que atraviesa la Comunidad, pero también es «extraordinario el anuncio del incumplimiento de una ley», ha apostillado.
El PSIB quiere que el pleno municipal se pronuncie unánimemente para exigir al Govern que trasfiera los 30 millones de la capitalidad y también las inversiones programadas en el Fondo de Cooperación, y confía en que el gobierno municipal actúe con firmeza en defensa de los intereses municipales.
«No es un tema de partidos», ha subrayado Calvo, que entiende que el gobierno que preside Mateo Isern debe negociar con el Ejecutivo balear para establecer las fórmulas que garanticen que el Ayuntamiento dispondrá de los 30 millones de euros que le corresponden antes de que acabe el año.
En este sentido, ha indicado que también sería posible pactar que Cort dejase de pagar al Govern conceptos como el canon de saneamiento hasta alcanzar la cifra de inversiones comprometida en la Ley de Capitalidad.
El concejal socialista Andreu Alcover ha recordado que el Consejo de Capitalidad, un órgano que integran Cort, Consell y Govern, aprobó en enero a qué proyectos se destinarían los 30 millones de euros, algunos de los cuales ya están ejecutados, como el derribo del edificio Flex.
Alcover ha incidido en que, además de las dificultades para abonar lo ejecutado e impulsar las inversiones comprometidas, el impago del fondo de capitalidad supondría un duro golpe para el presupuesto municipal tras un año 2010 que se cerró, pese a la crisis, con un déficit situado en la mitad de lo que permitía el Ministerio de Economía.
El edil opositor ha recordado que el responsable municipal de Hacienda, Julio Martínez, reclamaba en la pasada legislatura la actualización según el IPC del fondo de capitalidad, por lo que ahora no puede eludir su responsabilidad con la ciudad a la hora de exigir al Govern que cumpla la ley.
Por otro lado, Aina Calvo ha considerado «un gesto político» que el PSIB está dispuesto a asumir el anuncio de los concejales del PP en Cort de que no cobrarán sus sueldos hasta que todos los empleados municipales hayan percibido los suyos.
No obstante, ha puntualizado que «los gestos no bastan», y que es necesario «un cambio del modelo de gestión» de recursos del Ayuntamiento como la Empresa Municipal de Transportes