La Empresa Municipal de Transports (EMT) pagará las nóminas del mes de septiembre a los trabajadores el próximo 5 de octubre, cinco días después de lo habitual, debido a los problemas de tesorería. No obstante, desde Cort destacaron que están trabajando para poder pagar las nóminas lo antes posible.
El teniente de alcalde d'Economia i Hisenda, Julio Martínez, responsabilizó al presidente de la EMT durante la pasada legislatura, José Hila, del retraso ya que en su opinión llevó a cabo políticas en las que se gastaba mucho dinero, tales como la gratuidad para los menores de 16 años. Martínez comparó esta medida con el cheque bebé de Zapatero y aseguró que se ha demostrado que ambos han fracasado.
Martínez argumentó que «uno de los problemas que tenemos para conseguir financiación es que en Madrid revisan con lupa la mala herencia dejada por los socialistas». La deuda vencida de la EMT supera los 15 millones de euros y la cuenta de resultados es de -9,5 millones de euros.
Nóminas del gobierno
Por su parte, UGT calificó el retraso del pago de las nóminas de «maniobra intolerable», que tiene el «único objetivo de generar alarma y miedo entre los trabajadores ante la inminente negociación del convenio colectivo». El delegado sindical de UGT en la EMT, Antoni Puig, manifestó su indignación por la «manipulación informativa» que supone esta decisión del equipo de gobierno, que para «generar entre la población la ficticia sensación de bancarrota, es capaz de dejar a seiscientas familias en un estado de máxima preocupación». «Provocan alarma para justificar los recortes en servicios públicos como la educación, sanidad o transporte», criticó Puig.
UGT exige que el gobierno de Isern retrase el pago de sus propias nóminas el mismo tiempo que lo sufran los trabajadores de la EMT. El sindicato lamentó que desde la entrada del PP en Cort «Palma viva en constante inestabilidad, laboral y ciudadana». «El transporte público es un servicio esencial para una ciudad como Palma, y no se explica esta falta de liquidez, cuando han pagado cientos de miles de euros para cambiar un carril bici de lugar, o nueve millones de euros a la empresa privada encargada de las obras del Palacio de Congresos», reprochó UGT.