La dirección del Imfof le comunicó ayer a 29 trabajadores que el próximo 30 de octubre finaliza su contrato, ya que terminan dos proyectos relacionados con la orientación y la inserción laboral. La presidenta del Imfof, Esperanza Crespí, lamentó tener que haber puesto fin a los citados programas, pero argumentó que son financiados por el SOIB, que debe al Imfof 5,2 millones de euros. Además, destacó que la deuda sigue incrementándose, ya que la mala situación económica de las arcas de la Comunitat no hacen prever que este año vaya a pagar los proyectos en los que colaboran. No obstante, Crespí aseguró que el Ajuntament de Palma continuará ofreciendo asesoramiento laboral a los parados, aunque reconoció que de forma más deficitaria.
Plan de austeridad. La oposición se mostró muy crítica con la decisión del gobierno de finalizar los programas de orientación e inserción laboral y exigieron al alcalde Isern que presente un plan de austeridad para poder conocer el alcance los recortes que acometerá. «El alcalde que iba a estar al lado de los parados les quita los servicios que les ayudan a encontrar empleo», reprochó el regidor del PSOE José Hila, que recordó que la campaña electoral del PP se centró en la creación de puestos de trabajo. «En Palma tenemos más desempleo y menos servicios que hace un año», lamentó Hila.
En términos similares se manifestó el portavoz del PSM-IV-ExM, Toni Verger, que subrayó que los 29 trabajadores del Imfof que serán despedidos daban servicios que en crisis son importantes. Verger criticó que los recortes del gobierno de Isern se centran en «transporte público, intervención socieducativa y política lingüística».
Recortes. La comisión de Cuentas también aprobó ayer recortar en 782.405 euros los gastos de 2011 para pagar el déficit de 2010, como adelantó ayer Ultima Hora.
Impuestos. La comisión de Cuentas también aprobó ayer que las personas que hayan perdido su empleo hasta tres meses antes de finalizar el plazo de pago voluntario de los impuestos municipales puedan aplazarlos por un plazo de dos años o fraccionarlos. El PSOE criticó que esta medida no se extienda a todos los parados; el teniente de alcalde d'Economia, Julio Martínez, aseguró que es ilegal.