El juez que instruye el «caso Funeraria», en el que se investigan supuestas irregularidades en la gestión de la empresa municipal responsable de los cementerios de Palma en el periodo 2003-2007, ha ordenado el sobreseimiento de las actuaciones referidas a la exconcejala del PP Marina Sans.
Sans estaba imputada en la causa por las sospechas de que había malversado fondos públicos cuando era presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de la capital balear, pero el juez instructor, de acuerdo con la Fiscalía, entiende que no hay pruebas para sostener esta acusación.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Manuel-Vicente Penalva Señala que no resulta «debidamente justificada la perpetración del delito» que ha motivado la imputación de la exedil popular, a la que se atribuía haber pagado con fondos públicos viajes y comidas particulares.
El instructor indica que los testimonios que ha recabado «ponen de manifiesto» que Sans entregó el dinero que habían costado sus viajes al principal imputado en la causa, el exgerente de la EFM Oscar Collado, para que lo abonase a la agencia de viajes.
También señala el juez que no ha podido acreditarse que la exconcejala dejara sin pagar facturas correspondientes a comidas particulares ni que tomara parte en adquisiciones de productos en las que presuntamente se cometió fraude.
Estos argumentos coinciden con los expuestos por la Fiscalía en su petición de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, a la que no se había opuesto la acusación particular personada en el caso.