El vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, ha anunciado que su política contra la crisis se basará en el equilibrio presupuestario, la liberalización, la seguridad jurídica para atraer inversiones y la privatización de algunos servicios que hoy presta la administración autonómica.
Aguiló ha comparecido hoy durante 90 minutos ante la comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament para exponer las líneas generales de su programa de gobierno, pero ha rehusado detallar qué medidas adoptará para reducir el déficit y qué servicios públicos podrían ser gestionados desde el ámbito privado.
«Podríamos haber presentado un listado de medidas, pero es más importante dar un mensaje claro a la ciudadanía», ha afirmado Aguiló ante los requerimientos de la oposición, que le ha reprochado su falta de concreción.
Liberalización
Según el vicepresidente económico, los dos elementos esenciales que ayudarán a Baleares a superar el estancamiento económico son la contención del gasto público y «profundizar en la liberalización de los diferentes sectores».
Ha recordado que estas dos líneas de actuación «han permitido salir de las dificultades» en crisis anteriores junto con la devaluación de la moneda, una herramienta de la que ya no dispone el Gobierno español.
A su juicio, la «apuesta» por el equilibrio de las cuentas públicas, con un principio «de caja» basado en la premisa «tanto entra, tanto sale», debe ser «enérgica y contundente», como ha quedado plasmado en el plan de equilibrio que el Govern presentó al Ejecutivo central y se reflejará también en los presupuestos de la Comunidad para 2012.
«El año que viene habrá variables que mejorarán», como las aportaciones provenientes del Gobierno central y probablemente los ingresos fiscales, «pero los costes de financiación también aumentarán», ha explicado Aguiló.
Por ello, será «ineludible» hacer reformas, «transformar el modelo de prestación de servicios públicos», y revisar el coste de personal que soporta la administración autonómica, que se ha incrementado en los últimos años a pesar de la crisis, ha apuntado.
En este sentido, el vicepresidente ha asegurado que la administración «a veces hace trabajos que podría hacer el sector privado», con lo que «expulsa» a las empresas de un ámbito en el que podrían generar actividad económica.
Aunque ha eludido las preguntas de la oposición relativas a qué servicios públicos podrían pasar a ser gestionados por el sector privado, al finalizar la comparecencia ha citado ante los periodistas como ejemplo las actividades que se realizan en los puertos de titularidad autonómica.
Impuestos
Aguiló también ha citado el incremento de impuestos como una posible vía de aumento de los ingresos públicos, pero ha asegurado que el crecimiento de la presión fiscal «tendría un efecto contractivo» para la economía.
El vicepresidente ha dedicado buena parte de su intervención a repasar las políticas llevadas a cabo en los años previos por el Pacto de Progreso, al que ha responsabilizado de la acumulación de un déficit cifrado en 1.000 millones de euros al concluir el año pasado por mantener una política expansiva del gasto pese a la caída drástica de los ingresos.
El diputado del PSIB Joan Boned ha instado reiteradamente a Aguiló a explicar ante los representantes de la ciudadanía qué medidas inmediatas adoptará para reducir el gasto y ha asegurado que si el Gobierno central aprobó su plan de equilibrio presupuestario es porque se comprometió a renunciar a los 240 millones de euros del fondo de competitividad y a 75 millones de inversiones ferroviarias, algo que el responsable del Govern ha negado.
También la representante de PSM-IV-ExM Joana Lluïsa Mascaró le ha preguntado sin éxito qué servicios públicos privatizará el Govern y qué calendario de pagos va a plantear a los proveedores.
El diputado del PP Antoni Camps ha reprochado a los grupos de izquierdas que pidan explicaciones cuando son los responsables de la grave situación que atraviesan las cuentas públicas del archipiélago.