La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha impugnado por la vía contencioso-administrativa las retribuciones del personal eventual adscrito a Presidencia del Govern, que ha supuesto un aumento de sueldo de los altos cargos, por ir contra de las medidas de reducción del déficit.
El sindicato ha informado en un comunicado de que ha interpuesto un recurso contra los acuerdos del Consell de Govern que modificaban la relación de puestos de trabajo y las retribuciones del personal eventual adscrito a la Conselleria de Presidencia, por considerar que «lesionan la legalidad presupuestaria para 2011 al asignar un aumento salarial que va contra las medidas de contención del déficit público».
Las modificaciones a las que hace referencia el recurso de UGT consisten en «un aumento lineal de las retribuciones anuales y un cambio de nomenclatura».
El sindicato cita como ejemplo que el antes «jefe de gabinete de prensa», con una retribución anual de 46.283,81 euros, pasa a denominarse «jefe de la secretaría de comunicación» y tiene una retribución anual de 50.023 euros.
El Govern redujo los altos cargos de 66 a 43, pero subió su retribución de una media de 41.027,06 euros anuales a 43.467,8 euros.
UGT critica que «la pretendida austeridad del nuevo Govern no va en todas las direcciones y más si se trata de colocar a 'amiguitos' y devolver favores».
Según el sindicato, el Consell de Govern aprobó este tipo de modificaciones sin tener en cuenta las disposiciones legales de reducción del déficit público tanto del conjunto del estado como de la comunidad autónoma, que prevén que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún aumento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010.
El sindicato señala además que, según regula el Estatuto del Empleado Público en su articulado, la modificación de la relación de puestos de trabajo debe ser objeto de negociación con los interlocutores sociales, así como las retribuciones que afectan al personal eventual.
La FSP-UGT recuerda en su recurso el criterio de los Tribunales Superiores de Justicia de suspender los acuerdos municipales sobre aumento de retribuciones llevados a cabo en contra de la normativa presupuestaria estatal y, consecuentemente, pide la suspensión cautelar de las disposiciones impugnadas.