El presidente de Balears, José Ramón Bauzá, ha asegurado hoy, en relación a la situación económica de la comunidad, que si los miembros de su Govern encuentran irregularidades cometidas por el anterior ejecutivo balear acudirán a la «Abogacía de la comunidad autónoma».
En un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, al que ha asistido la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, Bauzá ha dicho que su objetivo «no es mirar debajo de las alfombras», pero que se han encontrado con una deuda de 4.500 millones de euros.
Bauzà ha cifrado el déficit en 1.104 millones, sin contabilizar las «facturas que hay en los cajones», por lo que ha dicho que la cifra total que debe el Govern asciende a 6.000 millones de euros para un presupuesto de 3.000 millones.
A pesar de los datos, Bauzá ha dicho que «van a superar» la crisis que está afectando duramente a Balears y van a ser «modélicos» actuando desde «el rigor y la responsabilidad», y para ello ha creado la Oficina de Control Presupuestario, porque es necesario reducir la estructura de la administración, pero también las empresas públicas, ya que «para un millón de habitantes, hay más de 170 empresas públicas».
Plan de Estabilidad Económica
Ha recordado que su primera acción tras llegar al Gobierno fue crear el Plan de Estabilidad Económica, «que no traslada la crisis a los ciudadanos, por ejemplo con subidas de impuestos» porque el problema lo han «creado los políticos, y los políticos debemos dar la solución».
En este sentido, se ha mostrado partidario de que los impuestos no sean subidos «a nadie» e incluso ha manifestado ser partidario de que se bajen porque, ha explicado que es «como si en una habitación se sube el suelo y se baja el techo, cada vez hay menos capacidad de oxigenación».
Bauzá ha apostado además por reducir el número de liberados sindicales y ha señalado que podría llegar a reducir hasta el 70 por ciento de los mismos porque los sindicatos también deben apretarse el cinturón como el resto de los ciudadanos.