La juez instructora del 'caso Can Domenge' notificó ayer un auto en el cuál acuerda no incluir el delito de cohecho en la causa que en los últimos cuatro años ha investigado la compraventa de ese solar palmesano, decisión que justifica al no hallar «indicios bastantes» para «imputar a personas concretas el pago y recepción de dádiva en relación a la enajenación de la finca de Can Domenge», señala la resolución.
La magistrada María del Carmen González, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, y la Policía Nacional investigaron desde el pasado mes de marzo la comisión de un posible delito de cohecho, ya que, según una denuncia anónima, los propietarios de Sacresa, empresa adjudicataria de Can Domenge, habían transportado en su yate bolsas de plásticos llenas de dinero para repartir entre varios políticos que participaron en la confección de las bases del concurso público de enajenación del solar.
Pieza separada
Esa denuncia -su autor no pudo ser identificado- paralizó los trámites de apertura de juicio oral del 'caso Can Domenge', y obligó a la apertura de una pieza separada, que se investigó bajo un estricto secreto.
En ese momento, el Ministerio Público ya había solicitado seis años de cárcel para los exdirigentes de UM Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, y también pedía diversas penas para Ramón Sanahuja, Santiago Fiol y Mario Sanz por los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos. Tras interrogar al capitán del yate «Cap de Quers' de los Sanahuja, José M. Baldor, a los marineros, a diversos imputados, y después de que una comisión judicial se desplazara a Galicia en la práctica de nuevas diligencias, la jueza llega a la conclusión de que no se puede imputar a los acusados el delito de cohecho.
Todo ello, «al no poder concretarse con certeza la entrega de dinero y al haber sido imposible identificar a los supuestos receptores de dinero», señala la juez.